Éramos muchos y parió Perú

Pero la miseria gusta de la compañía y por eso se ha sumado Perú a la lista de los países en medio de crisis que exhibe las mezquindades de su clase política.
Si debiéramos buscar el origen de la crisis, habría que ver al mal diseño de las instituciones, pero es necesario ver también los efectos de la corrupción.
No es posible perder de vista que Perú es uno de los epicentros del terremoto Odebrecht.

Basta considerar que, de los siete expresidentes peruanos que ocuparon el cargo desde mediados de los setenta del siglo pasado, cinco han sido acusados de corrupción (Alan García, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski) y uno más, el general retirado Francisco Morales Bermúdez, jefe de Estado luego del golpe de Estado de 1975, ha sido condenado en cortes europeas por los abusos que su gobierno perpetró en el marco de la versión local de la guerra sucia contra los grupos insurrectos y, de manera más general, contra la oposición.

No es que hayan faltado reformas. Perú, a diferencia del resto de América Latina ha seguido una compleja reforma de sus instituciones de gobierno que ha dado vida a un régimen presidencial único, que toma elementos de los regímenes parlamentarios.
A diferencia de lo que existe en la mayoría de las constituciones de los regímenes presidenciales de América Latina, el presidente peruano tiene el recurso de disolver el Congreso si éste le niega en dos ocasiones consecutivas un voto (cuestión) de confianza.

El actual presidente, Martín Vizcarra, ya había perdido una cuestión de confianza antes, y el lunes de esta semana perdió uno de los votos para nombrar a miembros del Tribunal Constitucional. Vizcarra señaló que al perder ese voto era claro que no tenía la confianza del Legislativo y procedió a disolver el Congreso.
En ese momento, el Congreso, que en Perú sólo tiene una cámara (otra diferencia con otros países de América Latina), le otorgó a Vizcarra un voto de confianza, para impedir su disolución.

Como Vizcarra insistió en disolver al Legislativo, el Congreso decidió nombrar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien sin embargo, casi de inmediato, declinó el nombramiento, abriendo la puerta a la crisis actualmente en curso en el país andino, en la que formalmente hay dos presidentes (Vizcarra y Aráoz), aunque es Vizcarra quien cuenta con el consenso de los 25 gobernadores regionales, las fuerzas armadas y una miríada de autoridades locales, de organizaciones civiles y de sectores de los medios de comunicación que respaldan que Vizcarra disuelva el Congreso.

La facultad del Presidente de disolver el Congreso después de perder dos cuestiones de confianza se agregó luego de que en 1992 Fujimori lo “disolvió” por la fuerza. Aunque en ese sentido hay alguna semejanza, vale recordar que en 1992 Fujimori no tenía esa facultad. Paradójicamente, además, Vizcarra promovió la disolución del Congreso, pues Keiko Fujimori, la hija del expresidente, tiene un poder que le permite bloquear casi cualquier iniciativa presidencial.

 A pesar de esta similitud, en esta ocasión no se han usado tropas para cerrar el acceso al Congreso, ni se ha secuestrado o encerrado a los dirigentes de la oposición parlamentaria, ni se han cerrado medios de comunicación ni, tampoco, se les ha impuesto censura previa de lo publicado, como sí ocurrió en el golpe de 1992.

Por lo pronto, Vizcarra se ha fortalecido como jefe de Estado y no hay en el horizonte un escenario similar al de 1992 o al que actualmente transcurre en Caracas, donde —aunque sea sólo en el papel— también hay dos presidentes. Ojalá que la prudencia y la responsabilidad ganen en Lima.