El nudo nicaragüense

La situación es tan grave que uno vuelve a escuchar, entremezcladas con las palabras que distinguen a la geografía nicaragüense, muchos de los argumentos que se llegaron a escuchar en los setenta contra la familia Somoza, dirigidos ahora contra quienes derrocaron a la familia Somoza: Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, o lo que queda de él, luego de que Ortega lo convirtiera en una agencia de colocación de sus familiares e incondicionales.

En la superficie, el conflicto inició por la manera torpe, profundamente estúpida, en la que la familia Ortega quiso imponer una reforma del sistema de seguridad social nicaragüense que, contenida en el decreto presidencial 3-2018, implicaba cuatro medidas: aumento a la cuota que aportan los trabajadores de 6.25 por ciento a siete por ciento; obligación de que los jubilados paguen cinco por ciento de sus pensiones para cubrir los costos de los servicios de salud; reducción de 80 a 70 por ciento del monto del último salario cotizado que se entrega como pensión a los jubilados y un aumento del 19 por ciento al 22 por ciento en el aporte de los empresarios al Instituto Nicaragüense del Seguro Social.

Como con muchas otras reformas (de mercado o de otro tipo) introducidas en América Latina en los últimos años, el problema no son por sí mismas las cantidades que implican los ajustes financieros y/o fiscales. Uno puede discutir por qué del 6.25 al siete y por qué no al 7.5 en el caso de las aportaciones de los trabajadores o por qué del 19 al 22 y no al 23 o 24 en el caso de los empleadores. Lo que es un hecho, sin embargo, es que el carácter familista de la manera de gobernar de Ortega, el hecho de que su mujer sea también vicepresidenta, así como la turbia, por opaca, relación con los capitales chinos, además de la igualmente opaca relación que existía con el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, modificada de manera abrupta por la crisis que enfrenta el gobierno de Nicolás Maduro, hacen muy difícil que el nicaragüense promedio acepte sin chistar lo que Daniel Ortega impuso, además, por la vía del decreto y no de una legislación que hubiera sido discutida de manera más o menos amplia en el Congreso Nacional de Managua. Lo peor es que fue justamente contra este tipo de gobierno autoritario, nepotista, indispuesto a dialogar con su pueblo, que muchos de los sandinistas arriesgaron la vida durante los sesenta y setenta del siglo pasado. No en balde, al gobierno de Daniel Ortega lo han abandonado casi todos los sandinistas que sobreviven en la actualidad: Ernesto Cardenal, por ejemplo, rompió hace ya más de una década con Ortega, por los abusos que su grupo político perpetraba en contra de todos los que no se les rindieran. Gioconda Belli, quien siendo una joven poeta sirvió al FSLN y luego fue funcionaria de gobiernos sandinistas, e incluso quienes, como Bianca Jagger, que no fueron militantes sandinistas, pero en los setenta facilitaban con su fama pública que se supiera qué ocurría en la Nicaragua de los Somoza, son ahora severos críticos de los excesos de Ortega y su familia y que este viernes ella presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, un resumen de la lamentable situación que se vive en su país de origen. Y no podría ser de otro modo. Todos los días, vía Twitter, Facebook y otras redes sociales, se sabe de abusos, que van desde la humillación de personas ancianas, adultos o jóvenes. No hay institución, empresa o personas, en singular o agrupadas, que se salven. Es, en más de un sentido, un retroceso, cuyas consecuencias no son del todo claras aún.

Ojalá que prevaleciera el sentido común y un mínimo de prudencia en Ortega, de modo que se facilitara la construcción de mecanismos de reconciliación que eviten que Nicaragua entre en un ciclo más agudo de violencia. La situación en Centroamérica ya es suficientemente frágil con la violencia en Guatemala, El Salvador y Honduras, como para asumir que se puede agregar un cuarto país a las desventuras del istmo.