Corrupción, desigualdad y violencia

No es casual que Honduras, como México, esté profundamente afectada por una crisis de violencia que ahoga a ese país y que hace que muchas personas, especialmente las más jóvenes, traten de salir, a como dé lugar, de aquella nación para buscar una situación menos injusta. Lejos de alejarse de la gran némesis de los políticos mexicanos, en la última década, México se acerca cada vez más y más a la situación que existe en Venezuela, lugar 169, sin importar quién gane o pierda en las elecciones en México.

Y aunque hay muchas personas preocupadas por este deslizamiento de nuestra posición en los índices de Transparencia Internacional (disponible en https://bit.ly/Transparencia2017), la realidad es que no hemos hecho lo suficiente para evitar esta caída. Los dos lugares perdidos equivalen a un punto en el índice, y como señala Transparencia Méxicana, es el resultado de las resistencias para crear una Fiscalía Anticorrupción eficaz; así como de la ausencia de sanciones legales para los casos de corrupción conocidos por todos.

Transparencia Mexicana señala, atinadamente, que ocurre una paradoja. México ha invertido mucho en la creación de mecanismos que supuestamente permiten transparentar qué ocurre en nuestro país. La creación del Instituto Nacional de Acceso a la Información y sus correspondientes en las entidades. A pesar de ello, como lo demuestran los informes publicados en fechas recientes por la Auditoría Superior de la Federación, esa transparencia no impide escandalosos desvíos de miles de millones de pesos que no se destinan a los fines que originalmente se habían señalado y, sobre todo, no hay castigos. Los secretarios de Estado, los gobernadores de los estados e, incluso, los presidentes municipales pueden hacer lo que se les pegue la gana con el dinero que reciben, sin que haya consecuencias. Basta ver, por ejemplo, la manera en que la presidenta municipal de Tlalnepantla en el Estado de México, decidió —a finales del año pasado— elevarse el salario a más de 500 mil pesos al mes, sin que haya modo de impedir que eso ocurra, o la manera en que gobernadores, como Javier Duarte de Veracruz, crearon estructuras para desviar miles de millones de pesos, sin que haya la más remota garantía de que devuelva el dinero o de que sus acciones pudieran ser castigadas.

También está el delicado problema de la manera tan sencilla en que los políticos en funciones pueden recurrir a la reserva de información. A pesar de lo mucho que se ha avanzado en materia de transparencia, muchos de los asuntos más álgidos, las inversiones más costosas o los problemas que cobran más vidas, la información sobre contratos de obra pública se puede reservar por seis o doce años a capricho de los funcionarios, sin que haya manera de oponerse.

Algo que debe preocuparnos es que, como señala Transparencia Mexicana (ver https://www.tm.org.mx/ipc2017/), “en México, el lavado de dinero aún no es un delito que se persiga de manera proactiva y sistemática”, lo cual plantea “un riesgo de impunidad y corrupción, tanto para el sector público como el privado”.  Mientras no atendamos ese señalamiento, que no es exclusivo de Transparencia Mexicana o su matriz a escala global, no sólo continuará la sangría de recursos públicos. Continuará también este terrible estado de cosas en el que vivimos en México, en el que no solamente el dinero público no se usa para combatir la pobreza o mejorar la salud. Esa desatención a los problemas que genera la corrupción, también tiene un papel clave en la oleada de violencia que nos afecta, así como en el crecimiento de la desigualdad, como se puede observar con mayor detalle en el texto que Transparencia Internacional publicó el año pasado sobre los nexos entre esos dos fenómenos, disponible en https://bit.ly/InequalityandCorruption2017.  En ese texto se señala a la corrupción como uno de los más grandes riesgos para la democracia, pues alimenta el rencor y el enojo social detrás de movimientos como el que llevó a la Presidencia de EU a Donald Trump.También es necesario tener presente que los países más corruptos tienden a ser los más violentos. Ese vínculo entre violencia y corrupción está ampliamente documentado, no sólo por los materiales elaborados por Transparencia Internacional. También por estudios como el que publicaron en 2015 los autores del Índice Global de Paz (ver https://bit.ly/PazyCorrupcion2015).