La espiral de la violencia
En fechas recientes se han publicado un par de materiales que vale la pena considerar muy en serio para el futuro de México. Uno es un análisis comparativo de la manera cómo en los últimos años se advierten pequeñas, pero constantes, reducciones en los índices de violencia en algunos países de América Central, mientras que en México ocurre todo lo contrario. El texto, publicado por Americas Quarterly (disponible en http://bit.ly/LatAmMurderImprov17), nos repite a los mexicanos lo que ya sabemos hasta el cansancio: no hemos hecho la tarea y, en consecuencia, los índices de violencia se nos disparan de manera inclemente. En países como El Salvador y Honduras, las cosas siguen mal, en muchos sentidos peor que en México, pero se han registrado pequeñas mejoras que hablan de un cambio muy necesario.
El Salvador, por ejemplo, reportó en 2016 una monstruosa tasa de homicidio de 92.20 casos por cada 100 mil habitantes. Para 2017, la cifra fue de 60, lo que implica una reducción del orden del 34 por ciento, de un año para el siguiente. En Honduras, en 2016, la tasa fue de 58.87 casos de homicidio por cada 100 mil habitantes y un año después era de 46 casos.
Una reducción importante, del orden de 22 por ciento, de un año para el otro. Además de esos países, en Belice, Guatemala, Nicaragua, Colombia y Puerto Rico se reportaron reducciones del orden de cinco, cuatro, once, cinco y seis por ciento, respectivamente.
¿Qué pasó en México en este mismo periodo? Lo que todos sabemos: un aumento significativo, del orden del 20 por ciento en las tasas de homicidio, que pasaron de 17 casos por cada 100 mil habitantes en 2016 a 20.41 casos en 2017, y sin visos de que en 2018 pudiéramos asistir a una reducción.
Lo más grave de este aumento es que, a pesar del esfuerzo de distintas instituciones públicas, universidades y organizaciones no gubernamentales, mucha de la toma de decisiones de parte de las autoridades federales y estatales sigue animada más por el voluntarismo que por los datos disponibles en varios índices y reportes.
En general, uno de los problemas en México es la falta de personal, tanto en las policías como en los ministerios públicos y los juzgados. Esa carencia es un factor determinante en las muy altas tasas tanto de cifra negra como de impunidad. Las personas no denuncian qué sucede y cuando denuncian los ministerios públicos, por flojera o para cumplir “órdenes superiores”, clasifican mal los pocos delitos que se reportan en la generosa categoría de “otros”.
Para complicar todavía más las cosas, los pocos casos que pasan de las policías a los jueces, se caen, frecuentemente, por tecnicismos, por errores o por corrupción, lo que refuerza el contexto de muy alta impunidad en que vivimos.
La impunidad lo permea todo, desde la manera en que no se respetan los reglamentos de tránsito, hasta la cantidad de personas que mueren día a día sin que las procuradurías o fiscalías actúen para resolver los problemas que generan esa violencia. Así, gracias a la impunidad, México es el paraíso de la delincuencia que somos actualmente.
Íntimamente ligado con la realidad que describe el texto de Americas Quarterly, está el reporte correspondiente a diciembre de 2017 del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal que presenta en esta ocasión una metodología muy útil para comprender qué pasa en los municipios con más de 100 mil habitantes. El documento, titulado La violencia en los municipios de México 2017, combina las mediciones homicidio, secuestro, violación, lesiones, robo con violencia y extorsión.
De acuerdo con este índice (que se puede consultar en https://bit.ly/violenciampiosmx2017) los 15 municipios más violentos de México son: Tecomán y Manzanillo, en Colima; Chilapa y Acapulco, en Guerrero; Tijuana y Playas de Rosarito, en Baja California; Los Cabos, en Baja California Sur; Apatzingán, Michoacán; Chilpancingo, Guerrero; Navolato, Sinaloa; Zihuatanejo, Guerrero; Colima, Colima, Iguala, Guerrero; Tlalnepantla, Estado de México y Zacatecas, Zacatecas.
Como se puede apreciar, la violencia se concentra en un puñado de estados: cinco municipios son de Guerrero, tres de Colima y dos de Baja California, y la violencia prefiere tener costas en el Pacífico, pues salvo Tlalnepantla y Zacatecas, todos los otros municipios se encuentran en estados con costas en ese océano, lo que podría indicar alguna asociación con el trasiego marítimo de drogas. Algo de lo que no se pueden quejar ni los gobernadores de los estados ni el gobierno federal es de la falta de información o datos. Los datos están ahí, lo que ha hecho falta es la voluntad para usarlos bien, para construir o reconstruir, según sea el caso, las bases de una convivencia sana y respetuosa.