La reconstrucción

No se trata de reconstruir sólo los hogares, las escuelas, iglesias, así como otros espacios públicos. Se trata de reconstruir la confianza pues, admitámoslo, no sólo se desplomaron edificios, hogares y carreteras; también colapsó la ya de por sí maltrecha confianza tanto en las autoridades como en las personas. Y no podría ser de otra forma, pues a pesar de las muchas declaraciones hechas cada 19 de septiembre en las ceremonias en los distintos sitios en los que se conmemora la tragedia de 1985 y, a partir del año próximo, la de 2017, en que se nos dice hasta el cansancio que los reglamentos de construcción de México son ya de primer mundo y que ya no había corrupción para comprar permisos de construcción balines, la realidad es que no hemos aprendido aún la lección de 1985: no hemos puesto la vida en primer lugar.

Más allá de las escenas de altruismo de miles de personas que se abalanzaron a ayudar a las víctimas, los terremotos de septiembre de 2017 arrojaron también un collage de abusos, torpezas y posibles actos de corrupción que incluye los lamentables hechos del Colegio Rébsamen, tanto el desplome del edificio como la cobertura informativa del hecho; incluye la manera en que se construyó al menos un hospital nuevo en el Estado de México, el Valle Ceylán de Tlalnepantla; la remodelación del Hospital Regional 36 del IMSS, conocido como San Alejandro, en el estado de Puebla. Está también la situación en las escuelas de los municipios de Chiautla, Izúcar, Tochimilco y Puebla capital, donde alguien facturó 13 millones de pesos para que las escuelas de esos municipios resistieran los terremotos del mes pasado, pero no fue así.

Está la manera en que se ha procedido con los derrumbes en los puentes que unían los edificios del campus Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey, que incluye la peregrina intención de “proteger la marca” de esa escuela tratando de imponer censura a sus estudiantes. No podríamos olvidar las promesas hechas por la constructora Canada Building Systems a sus clientes, o la situación en el edificio de la calle de Nuevo León 238, donde alguien construyó algo muy parecido a un helipuerto que ahora el abogado del dueño del edificio quiere convencernos de que en realidad nunca fue un helipuerto. Y si faltara algo, está el asunto de la manera en que el gobierno de Morelos incautó, sin autoridad ni derecho para hacerlo, la ayuda que miles de personas de distintos estados de la República trataron de enviar a ese estado para ayudar a las víctimas.

¿Qué se necesitará para que nuestras élites reconozcan la magnitud de la crisis que han generado la corrupción, la impunidad y el cinismo que están detrás de todos los actos referidos hasta ahora? Es triste, pero todo indica que seguimos sin tocar fondo. Para prueba están los anuncios de los primeros apoyos para la reconstrucción en Chiapas y Oaxaca. Se nos dice que a las familias que hayan perdido todo su hogar se les entregarán 120 mil pesos, pero que si necesitan más dinero deberán contratar un crédito hipotecario por 100 mil pesos, el límite máximo de esos créditos. Con 120 mil pesos ni siquiera se puede construir la obra negra de una casa pequeña de 36 metros cuadrados. ¿Por qué se ha decidido que los apoyos se otorguen así? Nadie lo puede explicar, menos cuando se consideran los donativos que hemos recibido, respecto de los cuales, a pesar de las promesas de transparencia, hay dudas que la autoridad ha alentado por descuido, como en el caso de las tiendas de campaña donadas por Canadá y China.

Otra prueba es la manera en que el gobierno de la Ciudad de México se ha apresurado a publicar nuevas normas de construcción, cuya pertinencia nadie conoce, pues —hasta donde se sabe— no se consultó, por ejemplo, a la UNAM, el IPN o la UAM, y parecen más interesadas en preservar el negocio de quienes causaron tanto daño con el desplome de nuevos edificios enteros, como los inmuebles del Canada Building Systems, que en pensar un mejor futuro para todos. Ante ello, un grupo de ciudadanos, encabezado por Luis Pérez de Acha, presentó una denuncia de hechos contra quien resulte responsable por delitos que incluyen homicidio culposo y fraude específico, entre otros. No es que en México estemos acostumbrados a que se haga justicia, pero ésta podría ser una oportunidad que nos ayudara a reconstruir los edificios y hogares necesarios para vivir, pero —sobre todo— a reconstruir la confianza, el cemento de las sociedades.