La macabra regularidad
Por razones que son difíciles de comprender, entre julio y octubre, se acumula un número importante de aniversarios de distintas masacres que México ha vivido en años recientes. Una de las más infames, la de San Fernando, Tamaulipas, del 23 de agosto de 2010, fue motivo de una serie de charlas la semana que hoy concluye. En ellas participaron familiares de algunas de las víctimas que dieron cuenta, en primer lugar, del prácticamente nulo avance en las investigaciones y, en segundo lugar, de la actitud francamente irresponsable e insensible de las autoridades mexicanas para con esos familiares, especialmente los de personas extranjeras muertas ahí.
Un indicador de qué tan mala es la atención a las familias de las víctimas es que hace más de un año que las organizaciones civiles Artículo 19 y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho interpusieron amparos para que la Procuraduría General de la República abra los expedientes de los casos. En la conmemoración de este año, la situación sigue siendo la misma. No hay acceso a los expedientes de las instituciones de gobierno que se sabe han realizado alguna investigación sobre el asunto.
El efecto que este hermetismo tiene en los familiares de las víctimas no es difícil de imaginar, en especial porque una de las posibles líneas de investigación es la del grado de participación de autoridades en lo que ocurrió en el rancho San Fernando de Tamaulipas. Y es que si para una persona que vive en México es difícil acceder a la justicia en nuestro país, imaginemos lo que es para personas que no viven aquí y que deben enfrentarse a los retruécanos y evasivas con las que las autoridades mexicanas suelen actuar en este tipo de casos.
Es importante tener en claro que las masacres en México no son, como en otros países, hechos aislados. Una revisión somera de la información disponible nos deja ver que, en los últimos 28 años, desde 1988 hasta ahora, han ocurrido en nuestro país 29 masacres en total. Esta contabilidad, que podría tener errores u omisiones inicia el 23 de diciembre de 1988 con la masacre ocurrida ese año en el penal de Nayarit e incluye la ocurrida en el penal de Acapulco el 5 de julio, cuando ocurrió un motín que terminó con la muerte de al menos 28 reos.
Un dato revelador es que, de las 29 masacres, 12, poco más de 40%, han tenido lugar en penales. Eso habla de la urgencia de que México realice una reforma profunda del sistema carcelario, asunto sobre el que hablamos mucho, las autoridades prometen todavía más, pero se cumple muy poco. Otro dato que conviene considerar es qué estados son más propensos a que ocurran este tipo de hechos de sangre. De las 29 masacres en los últimos 28 años, seis han ocurrido en Tamaulipas; cinco en Durango; tres en Nayarit; otras tres en Guerrero; dos en Chihuahua, Michoacán y Sinaloa y una en los estados de Baja California, Coahuila, Chiapas, Estado de México, Nuevo León y San Luis Potosí. Algo tienen los estados del norte y la costa del Pacífico que los hace más propensos a que se cometan este tipo de actos. Podría ser su orografía, la mala calidad de la infraestructura de caminos y carreteras, así como la debilidad de las instituciones. La pobreza en sí misma parece no ser un factor, pues, aunque hay hechos de este tipo en Guerrero y Chiapas, no los hay en Oaxaca o Hidalgo, pero no es posible descartar del todo a la pobreza como uno de los motores de este tipo de situaciones.
El problema más grave, sin embargo, y la razón por la que las peticiones de los familiares de víctimas de San Fernando deberían atenderse es porque no tenemos suficientes detalles de los procesos detrás de estas masacres. Sabemos, en el caso de las doce ocurridas en penales, que el desorden y la corrupción que caracterizan a las cárceles mexicanas es un factor determinante, pero una vez que salimos del ámbito de los penales, resulta más difícil explicar qué pasó en cada una de las masacres, en el entendido de que lo que sabemos en casos como los de Acteal, Chiapas; Allende, Coahuila; Aguas Blancas y Ayotzinapa en Guerrero, las dos masacres de San Fernando, Tamaulipas, y las de Tlatlaya, Edomex o Tanhuato, Michoacán, son investigaciones hechas por periodistas o por defensores de los derechos humanos, que no logran resolver en términos jurídicos los casos. Hay otras, como las de Victoria, Durango, de 2011, o la de Ruiz, Nayarit, del 26 de mayo de 2011, de las que se sabe aún menos.
Es una pena que así sea, pues ello propicia que este tipo de hechos sigan ocurriendo. Un país que de verdad estuviera comprometido con la solución de los problemas que lo aquejan, haría lo necesario para aclarar hechos que se repiten con tan macabra regularidad, aplicar la ley y realizar acciones de prevención y de mayor solidaridad con las víctimas.