Por todas partes
Ésta ha sido una mala semana para el futbol mexicano. Uno de sus más grandes astros en los últimos 20 años fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como prestanombres de una organización criminal que opera desde Jalisco. No es una presunción, al menos no en lo que hace el gobierno de EU, que ya tomó medidas y que, de este lado de la frontera, han sido motivo de críticas y enojo, pues el gobierno de EU invierte el principio de la carga de la prueba, de modo que, si Rafael Márquez quiere resarcir su nombre, deberá probar que es inocente.
Más allá del malestar que provoca en muchos mexicanos la suerte del astro futbolero, queda claro que los intereses del narco penetraron la vida pública en México por todas partes, como lo deja ver la columna que, el mismo día que se anunciaron las sanciones contra Márquez y el cantante Julio César Álvarez, Julión, publicó Jorge Fernández Menéndez. Ahí puede encontrarse un breve recuento de algunas de las actividades empresariales en que coinciden Rafael Márquez y Raúl Flores Hernández. Otros medios publicaron otros detalles que hablan de que no es sólo Márquez, no son sólo otros deportistas como Pável Pardo, son también médicos, promotores y empresarios en los ámbitos deportivo, médico, educativo, gastronómico y del entretenimiento.
Lo grave de esta situación, sin embargo, no es que haya deportistas y cantantes socios de mafiosos. Eso ha existido desde siempre y hay ejemplos de vínculos más dañinos aún, como los que existieron en 1919 en Chicago, entre quienes controlaban el negocio de las apuestas ilegales y los jugadores de las Medias Blancas. También se ha documentado ese tipo de vínculos en diversas ligas deportivas europeas. Lo verdaderamente grave es la respuesta que se dé de aquí en adelante a esta situación.
La respuesta no puede limitarse sólo a los casos de Márquez y Álvarez y su relación con Flores Hernández, del mismo modo que en el caso de la capital de la República sería infantil asumir que el único con problemas por sus vínculos con delincuentes es el todavía delegado en Tláhuac, Rigoberto Salgado, o que todo lo que pasó en Iguala es sólo culpa de los perredistas que en su momento validaron la candidatura de José Luis Abarca.
Dejemos de desperdiciar nuestras energías en las redes sociales para tratar de que sea un solo partido el que cargue con las culpas de las actividades de delincuentes que activamente buscan infiltrar a gobiernos y partidos. Comprometámonos a repeler a las mafias del crimen organizado que buscan legitimar sus actividades desde las canchas deportivas o los escenarios. Lo primero, sin embargo, es reconocer que todos los partidos están afectados y que se requieren esfuerzos serios y sensatos para combatir la corrupción.
Es triste decirlo, pero casi al mismo tiempo que explotaba la bomba de los vínculos entre Márquez, Álvarez y Flores, desde Guatemala empezaba a fluir información acerca del juicio al que serán sometidos el hijo y el hermano del presidente de ese país, Jimmy Morales. Los parientes del presidente han sido acusados de diversos hechos de corrupción y, dado el clima de respeto a la ley que ha generado la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, no sería difícil que el mismo Morales enfrentara cargos. Da pena, pero cuando comparamos las historias del miércoles 9 a ambos lados del Suchiate, México está muy rezagado en la lucha contra la corrupción, que es la hermana gemela de la impunidad.
Por eso preocupa tanto que organizaciones civiles hayan tenido que interponer amparos para obligar a los gobernadores de algunos estados a cumplir con lo pactado en materia de creación del Sistema Nacional Anticorrupción y preocupa más que en algunas entidades, la Ciudad de México entre otras, el cumplimiento haya sido sólo formal y estemos en la antesala del nombramiento de un “fiscal-carnal” en materia anticorrupción. Es terrible, además, que sea en EU donde se investiguen los supuestos vínculos con el narco de personajes públicos como Márquez y Álvarez, mientras acá ni siquiera el Presidente de la República parece estar al tanto de esas actividades, como tampoco lo estaban acerca de los negocios ilícitos de Édgar Veytia, el exfiscal general de Nayarit.
Debemos reconocer que una de las más graves pérdidas de los casos de Veytia, Márquez y Julión es la confianza que, al menos en algunos círculos, solían tener muchos mexicanos en ellos. Eso será muy difícil de recuperar y las consecuencias no sólo los afectan a ellos. Nos afectan a todos y hacen más difícil que el país recupere las condiciones mínimas para tener una vida pública sana, en la que la palabra de una persona cuente y en la que sea posible cooperar con otros para resolver problemas que nos afectan a todos.