Contra las drogas, políticas fallidas
A finales de junio se dieron a conocer los resultados de la Encuesta de Consumo de Drogas Ilícitas, Alcohol y Tabaco 2016. Los resultados no son alentadores, pues reflejan un doble o triple error en el diseño de las políticas que México ha seguido para combatir el consumo de drogas.
La más notable es que, en los últimos años, ocurrió un aumento en el número y la proporción de personas, especialmente jóvenes, que consumen drogas, incluidos algunos derivados de la cocaína. Que sea así debería provocar una modificación radical en las políticas de prevención del consumo que, para decirlo de manera muy clara, han mostrado sus límites, su incapacidad para responder a los retos que enfrentan —sobre todo— miles de adolescentes que dejan la infancia atormentados, entre otros factores, por la presión para decidir si consumirán o no ese tipo de productos. Ciertamente, el incremento en el número de jóvenes que consumen nos sigue colocando lejos de lo que ocurre en otros países, pero tendríamos que ser muy ingenuos para suponer que las cosas continuarán así.
El estudio nos dice que, en general, el consumo de drogas aumentó 47 por ciento desde que se levantó la anterior encuesta de este tipo, hace siete años, y señala que uno de los grupos más afectados por el incremento en el consumo son las mujeres, que reportó un incremento de 105 por ciento, en comparación con el de los varones que sólo aumentó 25 por ciento. De igual modo, hace ver que los incrementos entre los grupos de jóvenes han sido también escandalosos. Entre los varones de 12 a 17 años se reporta un aumento de 125 por ciento, mientras que el de las adolescentes, en ese mismo rango de edad, reporta un aumento de 222 por ciento en el consumo.
Son números que deben alertarnos, pero que también debemos colocar en su justa dimensión pues, aunque los aumentos sean tan notables, el consumo como tal sigue siendo bajo en casi todos los grupos de edad en México. Ello nos permite “descubrir” el primer error de diseño de políticas públicas, el más evidente, dados los efectos que ha tenido en la vida pública mexicana: la militarización del combate a las drogas no responde a las necesidades nacionales respecto del consumo de estupefacientes.
Es decir, incluso olvidándonos de los problemas de violencia y violación de derechos humanos que ha generado la militarización del combate a las drogas, las Fuerzas Armadas no han sido eficaces ni están capacitadas para reducir o frenar el crecimiento del consumo, como lo confirman también los datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes de 2014 (disponible en https://bit.ly/enc2014drogaestmx). Esa encuesta deja ver, por ejemplo, que la droga que induce el consumo de otras drogas es el alcohol, que reporta índices de consumo del orden de 46.5 por ciento, contra 12.7, 5.4 y 2.1 por ciento de la mariguana, los inhalantes y la cocaína, respectivamente.
El problema al que tanto los gobiernos como las familias deberían prestarle atención es, pues, el del consumo de alcohol, que también está afectado por graves errores en el diseño de políticas. El primer problema es su legitimidad como droga legal que hace que, incluso, sean los padres de familia quienes induzcan a sus hijos a un consumo muy temprano. Otro problema ha sido desestimar los daños que provoca el alcohol, especialmente en los jóvenes, y más en el contexto del uso de vehículos automotores. Muchos gobiernos estatales y municipales que podrían contribuir mucho en este rubro, tienen miedo de adherirse a programas como el Alcoholímetro y a imponer las penas que han hecho famoso al de la Ciudad de México.
El tercer error de política pública es que muchos gobiernos municipales en todo el país ven en el otorgamiento de licencias para la venta de cervezas y licores una suerte de solución a sus problemas fiscales. El otorgamiento, en muchos casos indiscriminado, de esas licencias se complementa con la indisposición de gobernadores y alcaldes a forzar la observancia de las leyes o reglamentos que prohíben el consumo de alcohol en lugares públicos distintos a restaurantes o bares, las llamadas chelerías, por ejemplo, y sobre todo a reforzar el respeto de las prohibiciones para el consumo de tabaco y alcohol entre menores de edad. Mientras los cabildos de los poco más de dos mil 500 municipios del país crean que otorgar licencias de licores y cervezas como lo hacen, y hacerse de la vista gorda con la venta de alcohol a menores les ayuda en algo, será muy difícil reducir el consumo de alcohol que es lo que, dada la contundencia de los datos, debería preocuparnos a todos. Insistir en soluciones centradas en el uso de la violencia, no ha dado resultados. Valdría la pena pensar en otras soluciones preventivas, que urgen.
