El reporte 2016 del Coneval

Mientras digeríamos la captura de Javier Duarte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, presentó su más reciente Informe de evaluación de la política de desarrollo social correspondiente al periodo 2012-2016.  
 

Es un documento valioso (que se puede consultar en https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/IEPDS_2016.pdf), pues luego de los dos más recientes golpes dados al Instituto Nacional de Estadística y Geografía en los últimos 18 meses, será difícil comparar los datos con lo que Coneval pueda hacer

en el futuro.

El primero fue el madruguete dado por el Inegi a la metodología para medir la pobreza, que “acabó” con la renuncia de Miguel Cervera. El segundo fue la telenovela de la imposición de Paloma Merodio como vicepresidenta del mismo Inegi. El primero podría resolverse si Inegi regresa a la metodología previa o si desarrolla algún mecanismo que permita comparar los datos de 2016 con los que se registraron antes del cambio en ese año. El segundo es más difícil de resolver. Gracias a ello, veremos los efectos corrosivos de la duda y la desconfianza en el Inegi o en cualquier institución de ese tipo.

Por ello, será importante ver qué hacen la actual y la siguiente administración con los datos que ofrece Coneval ahora. Entre lo más notables, está la profundización de varias tendencias graves. Por una parte, aunque se reduce el porcentaje de personas en pobreza extrema (de 9.8 por ciento a 9.5 por ciento del total de la población entre 2012 y 2014, respectivamente), también aumentó la proporción de quienes viven en pobreza, que pasó de 45.5 por ciento a 46.2 por ciento, respectivamente.

Esa cifra por sí misma deja ver que no es sólo que los pobres extremos dejan de serlo y “suben” a la categoría de pobres a secas, pues sólo un 0.3 por ciento de la población se encuentra en ese escenario. Hay un 0.4 por ciento de la población, casi 448 mil personas, que no eran pobres extremos en 2012, pero que son pobres desde 2014.

Hay otras cifras preocupantes. Aunque en el paso de 2015 a 2016 se redujo el número de programas prioritarios y no prioritarios de combate a la pobreza de 103 y 130 a 83 y 69, respectivamente, también se redujo el monto de las asignaciones al pasar de casi un billón de pesos a poco más de 800 mil millones.

Otro problema es que mucho de lo que se refleja en el reporte de Coneval es resultado de “la menor inflación observada, al menos, hasta septiembre de 2016”. No está claro qué ocurrirá luego de la manera tan lamentable en que se ejecutó el alza a las gasolinas, que ha implicado aumentos importantes en la inflación en los primeros meses de este año, en el entendido que uno de los principales y más delicados problemas que enfrentará el Inegi en el futuro inmediato es el de la confianza que se pueda tener en las cifras de inflación que reporte esa institución, gracias a los dos factores ya referidos.

Los dos problemas más graves que se desprenden del Informe publicado por Coneval son, sin embargo, los de los sesgos que tiene la pobreza en México. Estos sesgos son de cinco tipos. Tres de ellos de alguna manera eran de esperarse, pues son problemas atávicos derivados de la exclusión de las mujeres y de las personas ancianas e indígenas. En otras palabras, la pobreza lastima más a las mujeres que a los hombres, afecta más a las personas ancianas que a los menores de 70 años y afecta mucho más a las personas indígenas que a quienes no lo son y, desde luego, una mujer, anciana e indígena sobrevive en el peor de los mundos posibles en México. Baste señalar que 75 de cada 100 mujeres indígenas mayores de 65 años de edad son pobres, contra 46 de cada 100 personas adultas no indígenas.

De igual modo, Coneval advierte que entre 2010 y 2014 la proporción de personas jóvenes que son pobres aumentó al pasar de 46 por ciento a 47.1 por ciento, un signo inequívoco de la falta de oportunidades que afecta no sólo a los calificados como burros o flojos, o a quienes deciden no estudiar por irresponsables. Dice Coneval: “El desempleo de los jóvenes con mayores niveles educativos, es una nueva tendencia que representa un desafío de todos los órdenes de gobierno. Sólo la mitad de los jóvenes que estudiaron hasta licenciatura se encuentran ocupados (53.9 por ciento) y a pesar de estar empleados, 57.7 por ciento no tiene acceso a servicios de salud y cuatro de cada diez trabajan en empleos informales”.

Todo esto ocurre, por cierto, en un país en el que sus políticos amasan fortunas sin que puedan acreditar de manera creíble sus ingresos, y en el que la confianza en las instituciones, incluidas las que miden la pobreza, se desploma sin que a esos mismos políticos parezca importarles

mayormente el resultado de una combinación tan explosiva.

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