Finalmente, diálogo
El miércoles 13, sin que en realidad los esperáramos, las secretarías de Gobernación y Educación Pública, y el Sindicato y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lograron el primer acuerdo significativo para destrabar un conflicto que sólo los ingenuos creen que empezó en mayo de este año. Si se quiere hacer abstracción del pasado, habría que decir que el conflicto inició cuando —hace dos años— el gobierno de Enrique Peña decidió ir por una reforma de la educación que, “topara donde topara”, tuvo desde el inicio una base social endeble.
El conflicto, en estricto sentido, se remonta a los años 80 cuando, para cooptar a los líderes que le disputaban a Elba Esther Gordillo el control del SNTE, se optó por la estrategia del general Álvaro Obregón, la de los cañonazos de 50 mil pesos que, como todos sabemos, han sido el arma más eficaz de los gobiernos mexicanos de los últimos 100 años para desmovilizar a sus críticos. El conflicto lo nutrieron primero los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo cuando decidieron “federalizar” la educación, en el sentido de entregar a los gobernadores de los 31 estados el control de la nómina. Los gobernadores convirtieron esas nóminas en el refugio de cuates, amantes, achichincles y, en los casos más burdos y extremos, como el de Oaxaca, los gobernadores salinistas y zedillistas entregaron (a su vez) esas nóminas a las secciones del SNTE dominantes en sus estados.
Ello permitió que en estados como Oaxaca, el SNTE y la CNTE actuaran como los Gemelos Cósmicos Hunahpú e Ixbalanqué, dioses protagonistas del Popol Vuh, que mediante sus conflictos construían el universo. En el caso del SNTE y la CNTE, ambas entidades controlaban a su antojo la nómina, los criterios para la incorporación a esa nómina, así como los aumentos y las promociones. Fue un modelo perverso, que tuvo como uno de sus beneficiarios al magisterio, pero no fue en modo alguno el único ni el principal beneficiario. Varios partidos, presidentes y gobernadores se han beneficiado de ese modelo. Ello explica, por ejemplo, que entre 2000 y 2012 no hubiera cambios sustantivos, más allá de la llamada Carrera Magisterial, que multiplicó los grados académicos, pero no abonó a la solución de los problemas de la educación, que pasa por evaluar a los profesores, pero no se agota ahí.
Ya en el actual gobierno se reconoció la necesidad de reformar de fondo la relación con el sindicato. Se pensó que la solución era encarcelar a Elba Esther Gordillo, hechura si la hay de Carlos Salinas, y lanzar una campaña publicitaria sobre las razones para impulsar una Reforma Educativa que, en más de un sentido, es una copia de No Child Left Behind, la ley que George Bush impulsó la década pasada en EU. El cálculo fue que con garantizar los votos en el Congreso de la Unión y el descrédito de la CNTE bastaría para legitimar una reforma que desde que se aprobó fue cuestionada por la mayoría de los especialistas mexicanos en temas educativos, que advertían sobre las contradicciones y dificultades para implantarla.
Ni el Congreso de la Unión, ni el Ejecutivo federal estuvieron dispuestos a escuchar a esos especialistas. Optaron por quedarse con la opinión de sus aliados en las televisoras y apostaron a que la reforma pasaría de algún modo. Los promotores subestimaron tanto la capacidad de organización de la CNTE, como el grado de cohesión que lograron con otros grupos locales, así como el descrédito de gobiernos estatales como el de Chiapas que, lejos de facilitar la reforma, han sido lastres muy pesados.
Más allá de estos errores, en el gobierno federal tendrían que reconocer que la arrogancia con que se procedió en ésta y otras de las reformas estructurales, le ha cobrado una factura cuyas consecuencias son difíciles de predecir. El acuerdo anunciado a mediados de semana dice que se desahogará la agenda en 45 días, es de suponer que para facilitar el regreso a clases. Ese plazo podría parecer sensato. Sería ideal que se cumpliera, pero la realidad es que se atravesó Nochixtlán con sus once muertos y lo que aparentemente será una investigación con tantos o más agujeros que las investigaciones en Tlatlaya o Ayotzinapa. Pero si todavía no hay claridad sobre estos casos, pensar que la habrá en menos de dos meses sobre el caso Nochixtlán, se antoja difícil. También es difícil que el nuevo debate sobre la reforma pueda abstraerse de los ánimos electorales, parece más propósito de Año Nuevo que fruto de un análisis serio y honesto. Ojalá se desahogue en tiempo, pero sería bueno prepararse para evitar, desde ahora, las amenazas y la violencia que fue lo que nos llevó a la situación en la que estábamos apenas hace un mes.