Urgen más jueces

Un día después, la Cámara de Senadores concluyó la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, la reforma que —nos dicen— evitará algunos de los temas recurrentes de la vida pública mexicana: exfuncionarios públicos que súbitamente “viven en grande”, cohechos, amigos o familiares de funcionarios públicos que se hacen de jugosos contratos por asignación directa y mirreyes y mirreinas, hijos o esposas de funcionarios públicos, que presumen en redes sociales sus viajes en el extranjero y son el testimonio del desprecio a los pobres y la insolidaridad social. 

Que estas dos noticias ocurran simultáneamente no es gratuito. De hecho, el Índice Global de Impunidad (IGI) encuentra correlaciones entre la impunidad y la corrupción y la debilidad del Estado de derecho. Además, también las encuentra entre la impunidad y la desigualdad en el ingreso y en el acceso a las oportunidades de desarrollo. Dicen los autores del  Índice Global de Impunidad: “Está comprobado estadísticamente que la impunidad está íntimamente relacionada con fenómenos humanos que preocupan al mundo y que están en el corazón de los mexicanos como son el desarrollo humano, desigualdad y corrupción.” Es decir, las sociedades en las que la impunidad reina, son sociedades corruptas, con un Estado de derecho débil y en que las oportunidades de desarrollo económico y el ingreso mismo están concentradas en unas cuantas manos.

En épocas como ésta en que nos enteramos de la manera en que han procedido, sin respetar los derechos humanos, las principales fuerzas de seguridad del Estado en lugares como Tlatlaya o Apatzingán: “Sí es necesario destinar los recursos necesarios para las estructuras de seguridad y justicia. Sin embargo, es mucho más importante que estas instituciones funcionen adecuadamente y respeten los derechos humanos”, lo que deja ver qué tan importante es contar con una Comisión Nacional de los Derechos Humanos más activa, activista incluso, cuyo titular esté preocupado por cumplir con su tarea y no por reelegirse.

Además, el Índice Global de Impunidad hace ver que el problema no es la falta de policías, ni los bajos salarios o que existan policías municipales, estatales y federales, en lugar de policías únicas a escala nacional o de las entidades. Según el Índice Global de Impunidad, el problema clave es la falta de jueces: “México cuenta con sólo cuatro jueces por cada 100 mil habitantes, cifra muy menor al promedio global. Croacia, país con el índice más bajo de impunidad, cuenta con 45 jueces por cada 100 mil habitantes”.

A la luz de esta información, resulta poco probable que el Sistema Nacional Anticorrupción resuelva nuestros males en materia de impunidad, pues aunque hay avances, no hay cosa alguna en esa iniciativa que cambie de manera significativa la estructura de los poderes judiciales, del federal o de las entidades.

Mejorar el desempeño de los poderes judiciales federal y de las entidades es un tema que ni siquiera se discute, a pesar de escándalos como el que causó en Jalisco el apoyo que ofreció a los candidatos del PRI, Leonel Sandoval Figueroa —desde su posición como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad—, padre del gobernador de ese estado, Aristóteles Sandoval.

Del Índice Global de Impunidad se desprende que los jueces mexicanos atienden —al menos en teoría— un promedio de 500 casos al año, es decir, más de 1.3 casos al día. Ello, sumado al extremo formalismo del derecho positivo mexicano y las prácticas corruptas que prevalecen en las policías y en el Ministerio Público, hace muy difícil que los mexicanos vean a los jueces como funcionarios dignos de confianza o respeto, como lo acreditan distintas encuestas publicadas en los últimos años. Hay que pensar qué hacemos con los poderes judiciales de las entidades y el federal y pronto. Al fin y al cabo: nada pueden las leyes sin las costumbres.