Violencia política de género

¿Qué significa, para efectos prácticos, violencia política de género, de la cual se ha vuelto usual imputar o castigar a quienes cuestionan la capacidad o la actuación de una servidora pública?

¿Si yo dijera —¡ojo, autoridades, no lo estoy proclamando, sino tan sólo haciendo un planteamiento condicional!— que Lenia Batres no es la jurista más brillante ni la ministra de la Suprema Corte más independiente que haya tenido el país ni la dama con mayor elegancia espiritual de cuantas tengo noticia, y que ingresó al alto tribunal como un caballo de Troya cuya función fue erosionarlo desde dentro, y, peor aún, me atreviera a recordar que es hermana de Martí Batres, funcionario prominente de la 4T…?

¿Si yo sostuviera que está probado que la tesis de Yasmín Esquivel no es precisamente una obra original porque se parece, como una gota de agua a otra, a una tesis que fue presentada antes que la suya, y que el papel de esa ministra en la Suprema Corte no ha contribuido al prestigio de nuestro máximo tribunal, y, peor aún, si osara mencionar que la aludida es cónyuge del empresario favorito de López Obrador…?

¿Si yo afirmara que me parece que Loretta Ortiz Ahlf no ha mostrado un talento jurídico deslumbrante y que en los asuntos de que ha conocido ha optado por dar satisfacción incondicional a los designios del gobierno en lugar de a la aplicación objetiva de la ley…?

¿Si yo aseverara que las consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) y las magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que votaron por conceder a los partidos oficialistas, contra la razón y el derecho, la mayoría calificada no obtenida en las urnas, lo que ha permitido que tales partidos aniquilen nuestra democracia, fueron cómplices de tal aniquilamiento…? ¿Y si yo emitiera el parecer, compartido por millones de connacionales, de que las consejeras y las magistradas electorales que votaron por darle validez a la elección judicial lo que hicieron fue convalidar un grotesco simulacro…?

¿Si yo manifestara que Guadalupe Taddei, presidenta del INE, actúa como una súbdita de la Presidencia de la República y no como titular del organismo autónomo a cuyo cargo están las elecciones federales…?

¿Si yo expresara que Mónica Soto, presidenta del TEPJF, actúa como una subordinada de la Presidencia de la República y no como titular del tribunal que resuelve las impugnaciones a las elecciones federales, y que en el caso de la condena a Karla María Estrella Murrieta votó con perversidad…?

¿Si yo advirtiera que la Presidenta de la República está cumpliendo fielmente con el propósito de su antecesor de eliminar la verdadera división de poderes y, con ello, la vigencia real del régimen democrático, y que está fomentando o tolerando ataques a la libertad de expresión…?

Si incurriese en alguno de tales señalamientos —repito: no lo he hecho—, ¿estaría cometiendo violencia política de género y me expondría a ser condenado a disculparme públicamente decenas de veces, a publicar la condena y a tomar cursos empalagosos y redundantes, aun cuando en ninguna de las expresiones anotadas en los párrafos anteriores la crítica a las funcionarias tuviera que ver con su sexo (¡ojo!: las personas, como los animales, tenemos sexo; las palabras, género, según la Real Academia)?

Si se me condenase, ¿esa condena no sería absurda, arbitraria y ridícula? ¿No se me estaría imponiendo para castigar la libertad de expresión consagrada en la Constitución y en tratados de los que es parte el Estado mexicano, y no para proteger el derecho de las mujeres a participar en los asuntos públicos con los mismos derechos que los hombres? Pues, repito, las opiniones respecto de las servidoras públicas señaladas nada tendrían que ver con el hecho de que sean mujeres.

Parafraseando a Karl Marx, un fantasma recorre la vida pública mexicana: el espantajo de la violencia política de género utilizado por el régimen de la 4T para ahogar la libertad de expresión. Las condenas que recientemente se han emitido pretextando tal violencia no resisten el más superficial análisis lógico ni jurídico. Son abusos inaceptables en un Estado de derecho, una estratagema para silenciar análisis, valoraciones y comentarios que al poder despótico le irritan.