El secreto encubridor
El pretexto de la seguridad nacional ha servido ampliamente para hacer nugatorio el derecho, consagrado en el artículo 6 de la Constitución, a la información generada o recopilada por el gobierno. Este artículo establece que esa información es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional...
Sin duda, los ciudadanos tenemos derecho de conocer todos los pormenores de la investigación sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico. Es un hecho de gravedad descomunal: por una parte, se trata de un percance que causó la muerte de 14 personas y lesiones de diversa gravedad a cerca de 100. Por otra, es cuestionable no sólo que se haya ejercido acción penal contra tres trabajadores del tren —el hilo se rompe por lo más delgado: primero los pobres—, sino también que no se ejerza contra ninguno de los responsables de la construcción, el mantenimiento y la supervisión de la obra.
Sin embargo, la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec clasificó como reservada por cinco años, hasta 2031, la información técnica de los vagones, los manuales operativos y los reportes posteriores al accidente. ¡El argumento es que su difusión podría comprometer la seguridad nacional y la continuidad operativa de la infraestructura!
Como señala Héctor Aguilar Camín: “Apenas puede resistirse la conclusión de que, si el gobierno oculta la investigación del accidente mortal del Tren Interoceánico, es porque oculta sus culpas, porque sabe que la investigación lo encontrará responsable, y huye de su responsabilidad”. Agrega el autor de La guerra de Galio: “El caso en su totalidad es indignante y abusivo, despótico, criminal. Y pende sobre él la sombra del siguiente siniestro” (Milenio, 12 de febrero).
El pretexto de la seguridad nacional ha servido ampliamente para hacer nugatorio el derecho, consagrado en el artículo 6 de la Constitución, a la información generada o recopilada por el gobierno. Este artículo establece que esa información es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, y ordena: “En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”.
Con la excusa de la seguridad nacional, el gobierno ha blindado la información acerca del Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, los contratos de vacunas contra el covid-19, entre otros muchos blindajes. Con esa evasiva se ocultaron los costos del segundo piso del Gobierno de la Ciudad de México hace 20 años. Ocultar los datos de la investigación sobre el percance del Tren Interoceánico es una afrenta no sólo a los familiares de los muertos, a los heridos y sus familias, sino a toda la ciudadanía.
La 4T tiene vocación de opacidad. En el gobierno de López Obrador se desactualizaron y abandonaron 71% de las bases de la plataforma datos.gob.mx, que tenían que haberse actualizado constantemente. Hoy, en la plataforma ha desaparecido por completo 60% de esas bases.
La seguridad nacional se define como el conjunto de medidas que adopta un Estado para garantizar la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional ante amenazas tanto externas como internas. Su objetivo es salvaguardar los intereses de la nación, permitiendo el desarrollo económico, político y social en un entorno estable y de paz.
Esa seguridad no se pondría en el más mínimo riesgo si se dan a conocer los resultados de la indagación sobre el mortal accidente. Lo que se lesiona de no hacerse públicos esos resultados es el deber del gobierno de rendir cuentas, deber exigible más aún en los casos en que se han perdido vidas.
Cuando existía el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), los ciudadanos podían interponer ante éste un recurso de revisión en los casos en que el gobierno se negaba a proporcionar la información que se le solicitaba. El Inai decidía si la información debía o no darse. Al desaparecerlo, el gobierno quitó a los ciudadanos una herramienta para levantar los velos que esconden los datos que tienen derecho a conocer.
Siempre supimos que la eliminación del Inai obedecía a la vocación de opacidad de los gobiernos de la 4T. Una vez más lo estamos constatando. El gobierno ha decidido abandonar su deber de rendir cuentas, y con esa decisión los ciudadanos nos vemos privados del derecho de vigilar el ejercicio del poder público. En un caso en el que se produjo un accidente que era prevenible y en el que 14 vidas fueron segadas, se advierte con toda claridad que el ocultamiento sirve al fin de encubrir la corrupción, la negligencia criminal y la impunidad.