Norma Piña: dignidad frente a la barbarie

No sé si finalmente el Presidente y su partido logren imponer la demencial reforma judicial que pretenden y las demás reformas contenidas en el paquete de iniciativas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo el pasado 5 de febrero, en virtud de las cuales, además de la destrucción de los poderes judiciales del país, desaparecerían los organismos autónomos y se capturaría al INE y a todos los organismos electorales de las entidades federativas.

Para conseguir tan inadmisible objetivo, el partido del Presidente requiere las dos terceras partes del Congreso, porcentaje que no obtuvo en las urnas. Como lo ha venido advirtiendo Héctor Aguilar Camín en Milenio, los consejeros y los magistrados electorales tendrán en sus manos una decisión histórica en la cual se dilucidará la opción entre gobierno fuerte en una democracia o gobierno autoritario con plena capacidad para llevarnos a una dictadura.

La primera reforma, la que el Presidente quiere que se imponga a toda prisa, ya para septiembre, su último mes en la silla presidencial —todo indica que no su último mes en el poder—, sería la reforma al Poder Judicial. Ya no tendríamos jueces y magistrados con lustros de preparación y acceso al cargo mediante rigurosos concursos de oposición para que lleguen los mejor preparados, los más capaces, sino juzgadores que saldrían de una elección en la que la influencia de la Presidenta de la República, de los gobernadores —reforzamiento de los cacicazgos— y del crimen organizado sería decisiva. Peor, imposible.

No sé si se imponga esa reforma, lo que sólo sería posible violando la Constitución, o si se logre evitar. Pero en estas líneas quiero reconocer la actitud de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. En defensa de un Poder Judicial autónomo y profesional, de la auténtica división de poderes, de la democracia, del Estado de derecho y de los derechos humanos, se ha enfrentado, con convicción, coraje y argumentos sólidos, soportando injurias, calumnias y toda clase de agravios, al inmenso poder presidencial que busca eliminar todo contrapeso.

El Presidente no sólo está motivado por su afán autocrático. También late en su empeño una pulsión de venganza: la vendetta porque no se eligió como presidenta de la Suprema Corte a su candidata Yasmín Esquivel (gracias a Guillermo Sheridan, que descubrió que su tesis de licenciatura es un plagio de otra tesis presentada anteriormente); porque la titular del alto tribunal no tiene la obsecuencia de su antecesor, Arturo Zaldívar, quien presionaba a jueces y magistrados para torcer sus fallos, y porque la Corte ha echado abajo leyes inconstitucionales impulsadas por el titular del Ejecutivo.

Norma Piña ha dicho con toda claridad y firmeza que es deseable el diálogo entre poderes, pero no la sumisión del Poder Judicial a ninguno de los otros dos, y su conducta ha sido coherente con esas palabras. La presidenta de nuestro máximo tribunal no considera indeseable una reforma al Poder Judicial —nadie ignora que está lejos de ser perfecto—, pero defiende que ese cambio sea razonable, de tal manera que sean los mejores los que ocupen las plazas de juzgadores —no los que apoyen la Presidenta y sus legisladores—, y que jueces, magistrados y ministros gocen de autonomía.

El Presidente de la República nunca ha hablado con la presidenta de la Suprema Corte. A su autoritarismo se agrega su índole majadera. La virtual Presidenta electa también se ha comportado ofensivamente con la ministra presidenta: a su petición de diálogo respondió, con insoportable altanería, que para que Norma Piña y quien quisiera hacerlo dieran sus puntos de vista en los foros que se celebraron. ¡Los foros! Ya se nos había advertido a todos que en esos encuentros se escucharían los diversos puntos de vista, pero no se modificaría sustancialmente la reforma propuesta por López Obrador. Es decir, serían sesiones inútiles, sin provecho ni fruto. Habrase visto: ¡la virtual Presidenta electa negándose a escuchar a la presidenta de la Suprema Corte!

Norma Piña ha desempeñado con decoro y valor su tarea en condiciones extremadamente difíciles. Sería un atropello canalla que se le hiciera pagar, destituyéndola a ella y a sus compañeros ministros, ese coraje y esa entereza. No debemos permitirlo. Resumo su conducta con un breve corolario: dignidad frente a la barbarie.