Murillo: ¿morir en prisión?

El atropello contra Jesús Murillo Karam es del tamaño del resentimiento enfermizo del Presidente. Bajo diversas acusaciones, en realidad se le tiene preso por su informe sobre el crimen de Iguala hace nueve años. Lo rindió a cuatro meses de la desaparición de los 43 normalistas. La gubernamental Comisión de la Verdad ha llegado a la misma conclusión, pero no en cuatro meses, sino en cinco años. ¿Entonces también Alejandro Encinas, como titular de esa Comisión, tendría que estar encarcelado?

Murillo está preso por dar a conocer lo que denominó, con una expresión propia de los procesalistas, la verdad histórica. Se le detuvo bajo el señalamiento de que “torció” la verdad para encubrir el crimen de Estado, pero el propio Presidente ha reconocido que los autores del crimen masivo fueron delincuentes coludidos con autoridades locales de Guerrero: ¡la versión de Murillo! Se le detuvo acusándolo de que encabezó reuniones en las que se fraguó una narrativa falaz sobre los hechos, pero ya Omar García Harfuch ha dicho que las reuniones en las que él participó fueron para organizar la investigación y la búsqueda de las víctimas. Si no se le cree a García Harfuch, tendría que correr, en la lógica de la Fiscalía General de la República, la misma suerte que Murillo. En su reciente informe, Encinas rectificó, convenientemente: las juntas en que se ideó la verdad histórica no fueron en las que estuvo García Harfuch, sino otras efectuadas en Los Pinos.

Las acusaciones contra el exprocurador son grotescas. a) Contra la administración de justicia. Como apunté, también tendría que estar preso Alejandro Encinas por llegar a la misma conclusión que Murillo, pero, además, tendrían que haber estado presos centenares de exprocuradores cuyas hipótesis sobre casos a su cargo no fueron del agrado del presidente en turno. b) Tortura. No hay imputación ni indicio alguno de que el exprocurador torturó u ordenó torturar a alguien. La tortura cometida por un policía de investigación no hace responsable a su superior jerárquico si no se demuestra que éste la ordenó o la consintió. c) Desaparición forzada. Una acusación alucinante, como la califica Sergio Sarmiento (Reforma, 5 de octubre): ni siquiera los testigos colaboradores, que señalan lo que se les indica, han mencionado a Murillo como responsable de la desaparición ni de los normalistas ni de persona alguna.

No hay razón legal para mantener en prisión a Murillo. La investigación que su equipo llevó a cabo incluyó, como recuerda Carlos Marín (Milenio, 6 de octubre), diligencias y búsquedas con más de miles de elementos entre policías, peritos, personal de inteligencia, el Ejército, la Marina y el Cisen, y el análisis de expertos de la UNAM, el IPN y el Instituto Mexicano del Petróleo. Se consiguió que decenas de presuntos responsables fueran detenidos y sometidos a proceso. ¿Cómo se le paga al exprocurador ese servicio a la justicia? Encarcelándolo con acusaciones ridículas mientras muchos de los criminales están en libertad y algunos se han convertido en testigos colaboradores de la Fiscalía.

Se está asesinando a Murillo: un homicidio de tracto sucesivo. Lo están perpetrando el fiscal del Presidente y los jueces de consigna que lo vincularon a varios procesos y lo mantienen en prisión preventiva. A pesar de su edad y su estado de salud —varias veces desde que está en el reclusorio ha sido hospitalizado— no se le ha concedido siquiera la prisión domiciliaria. Se quiere que muera en la cárcel. De esta vileza es cómplice, si atendemos a la confesión del propio titular del Ejecutivo, el anterior presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, que participó en una reunión en la que se acordaron las acciones contra Murillo.

Salvo columnistas como los que cito en estas líneas, todos le han vuelto la espalda al exprocurador: ante la monstruosa injusticia callan el líder de su partido, el PRI, asociaciones de abogados, la hoy indigna Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el expresidente Enrique Peña Nieto, excolaboradores de Murillo —algunos con acceso a los medios de comunicación— y aquellos que ascendieron en su carrera política por el apoyo que él les brindó. Tampoco quedan exentos de responsabilidad ética por su actitud acomodaticia y su cobardía.

Murillo tendría que ser liberado inmediatamente. Su permanencia en prisión es una afrenta diaria a la justicia y a la más elemental decencia.