Cuando más se acerca el colapso de un imperio, más estúpidas son sus leyes. / Cicerón
Ninguna nación ha progresado y alcanzado un buen nivel de bienestar con malas leyes. Éstas son producto de fallas en su elaboración, al no tener claridad en los fines que se pretenden o por no haber voluntad y capacidad para cumplirlas y hacerlas cumplir.
Tanto en los regímenes presidenciales como en los parlamentarios, las iniciativas provienen del Poder Ejecutivo en su gran mayoría. Las asambleas no saben hacer normas jurídicas. Su función es analizarlas, discutirlas, difundirlas, legitimarlas. Tarea bastante compleja y delicada.
La más necesaria reforma es la que propicie un mejor desempeño del Poder Legislativo en su función esencial: parlamentar, sostener un debate con argumento e ideas, revisar antecedentes y hacer ejercicios de derecho comparado. Escudriñar con objetividad el contenido y prever sus consecuencias. El principio ético elemental es legislar para la generalidad. Cuando una reforma tiene destinatario para otorgarle beneficios olvidándose del bien común, su fracaso es inminente.
Los filósofos no sirven para gobernar, pero tienen aptitud para percibir ideas y modelar el comportamiento de los seres humanos. Los representantes populares y los jueces sí requieren de conocimientos y de conciencia para cumplir sus deberes.
Así lo hicieron los griegos y los romanos. Hablaban del legislador prudente, como hábil médico del Estado. Eso explica por qué los primeros ordenamientos revestían una fuerte dosis de sacralidad. A quienes asumían esa función, se les otorgaba la mayor credibilidad y respeto.
Los órganos colegiados, sin los cuales no hay democracia, se sustentan en su capacidad para entendernos con razones. De lo contrario, son totalmente inútiles y dañinos. El asunto radica en que deben cumplir con la exigencia de ser auténticos portavoces de sus representados.
Las asambleas son las instituciones más difíciles y complejas de la división de Poderes. Deben conservar una gran ecuanimidad y conllevan una extrema responsabilidad. Sobran ejemplos de los daños mayúsculos que producen los errores legislativos.
Postular a quienes aportan más votos, porque así lo indican las encuestas o porque poseen más recursos de toda índole para hacer una campaña eficaz sin importar sus méritos y sin tener el perfil que el cargo exige, es una deformación de la democracia.
La declaración en las auténticas democracias, en el sentido de que se va a aprobar lo ordenado desde el pináculo del poder, sería causal de juicio político. Es la negación expresa de la característica primigenia de un servidor público: ser sujeto ético para discernir entre el bien y el mal.
Lo que define a un pueblo es su derecho. En este espacio he sostenido la necesidad impostergable de vigorizarlo. En el mundo hay una crisis similar. Muchas voces señalan que los principios acordados después de la Segunda Guerra Mundial están hechos añicos en los últimos años. Reconstruirlos será una gran hazaña.
Rousseau le atribuía cualidades casi sobrehumanas al legislador: transformar a los individuos para que sus intereses personales se alineen con la voluntad general.
Seguir profundizando la fragmentación de los mexicanos es no entender las exigencias de la política. La polarización es superable. Sólo con un verdadero líder podremos superarla. Nuestros textos legales deben ser impero-atributivos; es decir, bilaterales. Señalan derechos y deberes a los sujetos activos y pasivos que se encargan de ejercerlos. Quien sea legislador contrae la responsabilidad, por ese solo hecho, de ser la conciencia de un pueblo.
El derecho siempre es insuficiente. Sobre todo, si se pretende cambiarlo con procesos viciados en forma y fondo, sometiendo a quienes deben dar el veredicto final. Eso implica continuar con un trabajo que nunca se acaba.
Los estudiosos de la Biblia tienen una metáfora sublime: ¡Cuán largo es el camino de la cabeza al corazón!