La ley ya no será la ley

El prócer lo escuchaba henchido de placer, saboreando cada una de sus palabras. Se le estaba haciendo justicia: en la alta tribuna del Senado de la República el prohombre era desagraviado. Las redes oficiales de la Cámara alta transmitían el acto: todo el país debía enterarse. El ciudadano, contrito, había tenido ante sí un dilema: cárcel o humillación. Si no aceptaba humillarse, se ejercería contra él acción penal, quizá por el delito de traición a la patria —con punibilidad de hasta 40 años de prisión—, sin importar que su conducta no encuadrara en el tipo legal correspondiente, ya que al régimen de la 4T no se le puede venir con el cuento de que la ley es la ley. Había incurrido en un delito gravísimo: había confrontado al líder de los senadores.

Se imaginó preso, sometido a un juicio en el que sería sentenciado por uno de los jueces venideros, un juez cercano al pueblo y ajeno a las exquisiteces jurídicas, que no dudaría en imponerle una condena ejemplar por haber osado incomodar al luchador social devenido senador que ahora experimentaba la fruición de verlo sobajarse. A un prócer no se le hace enfadar porque entonces la República entera, con todos los recursos del Estado, se vuelve contra el impertinente para hacerlo pagar la penitencia que le impone el agraviado.

El agraviado: Gerardo Fernández Noroña, quien ha insultado a presidentes, legisladores, periodistas, policías, pero lo ha hecho siempre en nombre del pueblo. Fernández Noroña, quien sostuvo que los cientos de pares de zapatos encontrados en el lúgubre rancho de Teuchitlán no eran indicio de crimen alguno —probablemente los cautivos en el predio los habían colocado anticipadamente esperando a los Reyes Magos—, pero lo hizo para defender al gobierno popular de los ataques de la derecha. El agraviado: Noroña, denunciado por varios delitos por su propia pareja, pero si los cometió, sin duda, lo hizo por la causa del pueblo.

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El Consejo de la Judicatura Federal informó que, debido a la transferencia de sus recursos a la Tesorería de la Federación, no podrá pagar las indemnizaciones previstas por la reforma judicial a los juzgadores que declinaron participar en la elección del 1 de junio. El artículo decimosegundo ordena remunerar con tres meses de salario integrado y 20 días de salario por cada año de servicio prestado, además de las prestaciones a que tengan derecho, a los magistrados y jueces federales que optaron por no participar en el proceso electoral o perdieren la elección. Se trata de una disposición constitucional. Pero Nacional Financiera transfirió, a la Tesorería, “por instrucciones superiores” (sic), 10 mil 247 millones de pesos de los cuatro fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal.

Un juzgado federal denunció ante la Fiscalía General de la República a Nacional Financiera por desacatar una orden judicial que le ordenaba no poner a disposición del gobierno federal los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Una juez de distrito había concedido la suspensión definitiva en virtud de la cual debía frenarse la transferencia de los recursos, incluyendo remanentes, productos y aprovechamientos. No obstante, la Presidenta de la República justificó que esos recursos se sustrajeran y se entregaran a la Tesorería para después destinarlos al ISSSTE. Los jueces se lo buscaron: ¿cómo se les ocurrió que con sus resoluciones podían contrariar los designios de aquel a quien los diputados oficialistas proclamaron encarnación de la patria, la nación y el pueblo; cómo se creyeron el cuento de que la ley es la ley?

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El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México determinó que no existen elementos para afirmar que es falsa la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, pues no está acreditada una versión distinta a la sostenida por el exprocurador Jesús Murillo Karam, y amparó a Blanca Alicia Bernal Castilla, exfiscal de la Unidad de Secuestros de la PGR, a fin de que quede eximida del cargo de desaparición forzada, pues “no se advierte que haya ocultado información del paradero de los estudiantes desaparecidos a sabiendas de su paradero”. Resoluciones como ésta no se emitirán una vez que tomen posesión los nuevos jueces, quienes no creerán el cuento de que la ley es la ley.

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El cuento de que la ley es la ley vive sus últimos momentos. El próximo domingo empezará a ser desterrado de las ilusiones de los ingenuos. En su gran mayoría los ciudadanos parecen resignados; la oposición, anestesiada. Adiós al Estado de derecho.