¿Entre todos?
Los agricultores de Texcapilla dijeron “¡basta!”. Ante el abandono de las autoridades se defendieron ellos mismos. Enfrentaron a criminales sin escrúpulos, que no se tientan el corazón para cometer los actos más execrables. Se arriesgaron a ser masacrados. Pero vencieron el miedo que sin duda sentían.
En la comunidad de Texcapilla, en el municipio de Texcaltitlán, al sur del Estado de México, agricultores hartos de extorsiones y secuestros enfrentaron con escopetas, palos y machetes a una célula de la Familia Michoacana cuando los sicarios pretendían cobrarles un precio que no podían pagar por derecho de piso. Murieron diez delincuentes y cuatro agricultores, entre ellos el delegado comunal Noé Olivares, quien, dicen los vecinos de la localidad, murió como un héroe.
Uno de los atributos del Estado es el monopolio de la violencia, el que lo define (Max Weber, La política como vocación). Este atributo implica que sólo a las autoridades les corresponde imponer el respeto a las leyes, restablecer el orden público y castigar las infracciones a las normas jurídicas.
Thomas Hobbes elucubró que, antes de la instauración del Estado, los seres humanos vivían en su condición natural, en la que los más fuertes abusaban irremediablemente de los más débiles, pero éstos siempre podían tomar venganza en los momentos en que aquéllos se descuidaban o descansaban. Era la guerra de todos contra todos, lo que hacía la vida de cada uno solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve.
El Estado, dice Hobbes, es el leviatán que contiene la agresividad de los hombres: al establecer su predominio puso fin a la permanente situación bélica en la sociedad. Para que tal cosa sea posible, es necesario que sólo al Estado le competa el uso de la fuerza, con la cual combata a quienes no respeten las normas que posibilitan la convivencia pacífica.
En nuestro país el Estado no tiene el monopolio de la violencia. Numerosas regiones están asoladas o controladas por grupos criminales que aterrorizan a la población extorsionando a los habitantes, realizando secuestros y desapariciones forzadas, trata de personas, violaciones sexuales y asesinatos, sin que autoridad alguna los enfrente.
La ley de esos grupos es la ley de la selva, la ley de los más poderosos e inescrupulosos, los que no se sujetan a más ley que la que imponen a su capricho. Entran ostentosamente a los pueblos sin que nadie les obstaculice el ingreso, roban mujeres, exigen pago por derecho de piso, reclutan jóvenes arrebatándolos de sus hogares, privan de la libertad o desaparecen a pobladores a su antojo, entran a las casas a asesinar a los moradores, se matan entre sí, pero también matan a personas inocentes, cobran cuotas de las ganancias que producen las cosechas… todo con la tranquilidad de saber que sus crímenes quedarán impunes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y las secretarias de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguran que las cosas van bien, que para qué cambiar la estrategia de combate a la criminalidad si está dando resultados. ¿Qué resultados? La cantidad de homicidios dolosos en este gobierno —datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; que no salga el Presidente con que él tiene otros datos— hasta el 31 de octubre pasado era de 161,518, muy superior al de cualquier otro gobierno desde que se lleva registro. Esa cifra, casi con certeza la mayor desde la Revolución, es engañosa porque durante este gobierno han desaparecido más de 113,000 personas, la gran mayoría de las cuales seguramente han sido asesinadas.
Los agricultores de Texcapilla dijeron “¡basta!”. Ante el abandono de las autoridades se defendieron ellos mismos. Enfrentaron a criminales sin escrúpulos, que no se tientan el corazón para cometer los actos más execrables. Se arriesgaron a ser masacrados. Pero vencieron el miedo que sin duda sentían. El disparo al aire de uno los criminales para atemorizarlos y obligarlos así a aceptar las condiciones del pago, lejos de amilanarlos fue el gong de combate: es ese instante, como si se hubieran puesto previamente de acuerdo, se lanzaron, ¡mujeres incluidas!, contra sus extorsionadores. En situaciones límite, el hartazgo puede ser más poderoso que el inevitable temor.
Estrujante y dramático, el episodio de Texcapilla muestra a qué puede llevar la abdicación de un gobierno a su principalísimo deber de combatir la criminalidad. López Obrador ha dicho que hay que combatir la extorsión entre todos. No, ése es un deber de su gobierno. Cuatro agricultores fueron asesinados en Texcapilla. ¿Pretende el Presidente que los particulares, exponiendo la vida, asuman las funciones de los 128,000 integrantes de la Guardia Nacional?