Por: César Alejandro Ruiz Jiménez
En la reciente Conferencia de Seguridad de Múnich, Marco Rubio, secretario de Estado de EU, planteó que la civilización occidental se construyó y reconstruyó sobre la defensa de principios y conceptos fundamentales, categorías claras acerca de la persona, el poder y la realidad e hizo un llamado a volver a esos principios.
El llamado es oportuno. El problema contemporáneo no es sólo político, es ontológico. Es el derecho intentando incorporar todo pensamiento y acción antes que confrontarlos con la lógica y la realidad. Occidente se edificó sobre que existe una dignidad humana inherente y que existen realidades objetivas que el legislador no inventa, sino que regula. Pero en las últimas décadas hemos presenciado un desplazamiento del reconocimiento a la producción normativa de identidad. El derecho ha pasado, en algunos ámbitos, de organizar hechos a redefinirlos.
El riesgo es estructural. Las categorías jurídicas cumplen funciones ordenadoras. Edad, capacidad, nacionalidad o sexo no son construcciones arbitrarias; son criterios que permiten distribuir derechos, obligaciones y políticas públicas. Pero cuando una categoría con efectos jurídicos objetivos depende de la percepción subjetiva, la coherencia normativa se debilita.
La dignidad humana exige protección, pero ésta no es sinónimo de redefinición ontológica. El reconocimiento de situaciones personales complejas no obliga al derecho a modificar la naturaleza de las categorías que estructuran el sistema. Cuando las altera sin criterios verificables, erosiona la seguridad jurídica, po ejemplo, ¿cómo hacer efectivos los derechos de la mujer si no se puede definir mujer?
Lo mismo ocurre con el interés superior de las infancias. La protección reforzada de los menores parte de un presupuesto ontológico: su desarrollo es gradual y requiere prudencia y acompañamiento adulto. Si el derecho deja de operar desde esa comprensión objetiva del desarrollo humano y adopta marcos voluntaristas, pierde su función protectora.
El debate sobre el aborto también revela esta tensión. Cuando se presenta como única salida frente a maternidades vulnerables, se ofrece una respuesta jurídica que no transforma las condiciones económicas, laborales, familiares y jurídicas que empujan a una decisión trágica. Convertir la interrupción del embarazo en sinónimo de empoderamiento impide generar políticas públicas orientadas a reducir embarazos no planeados, fortalecer a la madre, exigir responsabilidad al padre y corregir las causas de la vulnerabilidad.
La ontología jurídica también está en juego en el debate migratorio. La soberanía no es un capricho político; es condición de posibilidad del orden jurídico. Un Estado puede y debe determinar las reglas de ingreso y permanencia en su territorio. Y, aunque nunca debemos dejar de exigir que los migrantes sean tratados dignamente en el Estado receptor, es hora de voltear con mayor vehemencia hacia los gobiernos que están obligando a su población a huir de su propia patria.
Todos estos fenómenos comparten que el derecho que ha involucionado se ha convertido en paliativo cultural. Pero una sociedad que administra síntomas y rehúsa enfrentar causas termina debilitando al individuo, al derecho y a sí misma.
La dignidad humana no se fortalece normalizando crisis, sino ayudando a superarlas. La fortaleza del ser humano no radica en institucionalizar vulnerabilidades, sino en acompañarse para trascenderlas. Sólo así pueden alcanzar una existencia digna. Recuperar la brújula implica recuperar los principios que hicieron posible el progreso: racionalidad humana objetiva, respeto por la realidad, abandonar los paliativos que sólo prolongan el sufrimiento y reconocer las situaciones que constituyen crisis para poder resolverlas de fondo.
Así se construyó Europa, así se construyó Estados Unidos, así podemos comenzar a reconstruir nuestra propia nación.
* Presidente de Mexico Law and Liberty Society