El objetivo: someter al Poder Judicial

La extinción de los fideicomisos del Poder Judicial federal perpetrada por el Presidente y los legisladores oficialistas es un vulgar robo porque los fondos pertenecen a ese poder y su objetivo es el de cubrir pensiones complementarias para magistrados y jueces jubilados, servicios médicos y otras prestaciones de sus trabajadores, así como mejorar la infraestructura de juzgados y tribunales y los servicios al público.

Agandallarse esos fondos es un paso hacia el objetivo de los ataques que el Presidente ha enderezado contra el poder que no ha logrado avasallar: lograr su sometimiento, hacer entender a los juzgadores que todas sus resoluciones deben ser acordes con sus designios, porque él es —así lo caracterizan con abyección los senadores de su partido— la encarnación de la patria, la nación y el pueblo.

La agresión incesante contra el Poder Judicial por parte del Presidente de la República es algo que jamás había sucedido en México. El Presidente prometió que jamás interferiría en las decisiones de los juzgadores, que nunca los presionaría. Pero su comportamiento hacia ellos ha sido el de un autócrata: no sólo los ha injuriado y calumniado, sino que ha solicitado, sin exponer un solo argumento jurídico de su inconformidad, que se investigue a jueces y magistrados que han dictado resoluciones que no han sido de su agrado.

El ministro Eduardo Medina Mora fue extorsionado para que renunciase a la Suprema Corte. Se congelaron no solamente cuentas suyas, sino también de algunos de sus familiares sin que existiera acusación alguna en su contra. La dimisión fue el precio del descongelamiento.

El senador Ricardo Monreal se atrevió a decir que a la ministra presidenta de la Suprema Corte le faltó habilidad para negociar con el Presidente de la República y, así, evitar la venganza presidencial. Por lo visto, a pesar de haber estudiado y dar clases de derecho, Monreal no comprende lo que es la división de poderes. Lo que la Corte ha hecho es defender la Constitución, los derechos humanos, el Estado de derecho, y eso no es negociable.

Sin duda, consentir las decisiones inconstitucionales del Presidente hubiese sido el proceder de Yasmín Esquivel o Loretta Ortiz si alguna de ellas presidiera la Corte, y del propio Monreal si ocupase ese cargo, pero Norma Piña es de otra índole. Ella ha demostrado, desde que está en el Poder Judicial y, desde luego, ahora que es la presidenta de la Corte, que está dispuesta a cumplir con la función que le corresponde.

Por eso el titular del Ejecutivo la aborrece. Ella siempre ha sido respetuosa de él mientras que él la ha denostado desde que asumió la presidencia del alto tribunal, en la que el Presidente quería a Yasmín Esquivel. ¡Gracias, Guillermo Sheridan, por frustrar ese deseo! Los ministros no le deben incondicionalidad al caudillo, sino lealtad a la Constitución.

Es alentador que los trabajadores del Poder Judicial, en una acción sin precedente, hayan salido a la calle a protestar contra el despojo, y que decenas de miles de personas los hayan acompañado en su manifestación. Sería indigno rendirse sin pelear. Los manifestantes comprenden el delicado momento del país. Por eso proclamaron que no sólo defienden los fideicomisos, sino la división de poderes, último bastión contra la dictadura.

Un ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara, acudió a la manifestación. Una actitud de gran valor en el doble sentido del vocablo: valentía para desafiar al caudillo, mérito en defender lo que es preciso defender para preservar la democracia, el Estado de derecho, la auténtica división de poderes.

González Alcántara fue uno de los juristas propuestos por el Presidente para la Corte. El Presidente esperaba de ellos un apoyo incondicional a sus caprichos inconstitucionales (la expresión es de Paco Calderón), pero ni González Alcántara ni Margarita Ríos Farjat han sido sus incondicionales. López Obrador los considera traidores porque han actuado con apego estricto a la Constitución, con autonomía.

Vivimos en México un momento crucial. Capturada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, subyugada la mayoría oficialista en el Congreso de la Unión, el sometimiento del Poder Judicial sería el jaque mate a la democracia. Sin un Poder Judicial independiente no habría ya contrapeso alguno al caudillo: sería el advenimiento de la dictadura.