El ardid de la soberanía

Los representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía pactaron asimismo “reevaluar el estado de las relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano e impedir la entrada de altos funcionarios del régimen a sus países”.

Recordemos que Andrés Manuel López Obrador invitó a Maduro a su investidura, pero fue tal el repudio que la invitación suscitó en nuestro país que el invitado permaneció ignominiosamente durante la ceremonia en el avión que lo trasladó a la capital mexicana y apenas llegó con la cola entre las patas a la comida ofrecida por su anfitrión.

López Obrador sostiene que la decisión de no sumarse a la condena del Grupo de Lima se basa en el principio de autodeterminación de los pueblos, pero precisamente en atención a ese principio es que resulta absolutamente indefendible la reelección de Maduro.

La Organización de Estados Americanos (OEA) declaró que esa elección carece de legitimidad porque no cumplió con los estándares internacionales, no contó con la participación de todos los actores políticos venezolanos, y se desarrolló sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático.

En otras palabras: Maduro no fue elegido en una votación democrática, en la que pudieran participar todos los partidos en igualdad de condiciones, sino en una de esas farsas que no engañan a nadie y a las que son tan afectos los dictadores. No será un presidente legítimo.

Por eso la OEA lo ha desconocido y ha hecho un llamado a los países miembros y observadores a adoptar medidas para el restablecimiento del orden democrático en Venezuela, las cuales podrían aumentar la presión internacional para que el gobierno busque una solución razonable, en la que tendría que incluirse la convocatoria a un proceso electoral que cumpla con las garantías necesarias.

Deshonrosa, tristemente, el gobierno mexicano no ha respondido a ese llamado. Así contribuye al mantenimiento de un régimen que tiene presos a cientos de opositores, ha asesinado no sólo a más de 100 de ellos, sino a la democracia misma y ha sumido a su país en una crisis humanitaria sin precedente al privar a los venezolanos de medicinas, insumos médicos y alimentos.

Lo que el gobierno de López Obrador está respetando al no adherirse a la posición del Grupo de Lima no es el principio de autodeterminación del pueblo venezolano, sino el capricho de un tirano que quiere gobernar perpetuamente eludiendo una elección auténticamente democrática.

De ahí que Human Rights Watch lamente: “Perdimos a México. Ha quedado demostrado que mientras gobierne Andrés Manuel López Obrador los derechos humanos no serán un componente de la política exterior mexicana. Esto es música para los oídos de dictadores como Maduro y Ortega y una bofetada para sus víctimas”.

Al ardid de la soberanía han recurrido todos los dictadores: que nadie se meta en los asuntos de mi feudo. Pero cuando exigen que se respete la autodeterminación de sus pueblos en realidad están reclamando el sometimiento a su propia decisión obsesiva de gobernar sin supervisión, contrapesos ni controles.

Una característica de los derechos humanos es su universalidad, en virtud de la cual son un asunto de todo el mundo. Ahí donde se atropellan no se puede decir que el atropello es un asunto interno del país donde eso sucede y que ninguna instancia externa debe entrometerse.

Dos momentos estelares de la política exterior mexicana son los rompimientos con las dictaduras de Franco y Pinochet. ¿Hay quien crea que lo que sucedía en España y Chile durante el asalto al poder y las tiranías de tan nefastos personajes era asunto exclusivo de esos países?

Savater advierte que la reivindicación de la universalidad de los derechos humanos no es un delirio religioso ni un nuevo mito laico universal, sino una necesidad política que no admite colores nacionales ni aplazamientos interesados.