El delito de denunciar la corrupción
Nadie podría afirmar que Carlos Fernández Márquez se suicidó. Cayó del piso 12 del edificio de Pemex. No hubo un solo testigo del hecho. Nadie sabe, por tanto, cómo y por qué cayó. En los registros de Pemex aparece que se trató de un accidente. El entonces procurador Bernardo Bátiz declaró que no había por qué indagar si la muerte se debió o no a un suicidio...
Es un caso de truculenta obsesión persecutoria. López Obrador atacó en sus conferencias mañaneras ¡265 veces! a María Amparo Casar acusándola en varias ocasiones ¡de traición a la patria!; hizo públicos datos personales en su agravio; le solicitó reiteradamente al presidente Joe Biden la suspensión de fondos de colaboración internacional a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización presidida por la doctora Casar, alegando “injerencismo” de sectores del gobierno estadunidense; ordenó al director de Pemex que se le retirara la pensión de viudez a María Amparo, y criticó con virulencia al juez que la amparó a fin de que la pensión le fuera reintegrada.
Pero el Presidente estaba obcecado en el propósito de arruinar la vida a su odiada mujer. Para eso contaba con la Fiscalía General de la República (FGR) encabezada por el doctor Alejandro Gertz Manero, dispuesto a desempeñar su cargo satisfaciendo bajas pasiones. La FGR ejerció acción penal contra la doctora Casar imputándole participación en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades a través del cual, según la imputación, la inculpada obtuvo una pensión vitalicia otorgada por Pemex tras el supuesto suicido de su esposo, Carlos Fernández Márquez, el 7 de octubre de 2004.
La FGR imputó a la doctora Casar haber incurrido en la conducta prevista en la fracción II del artículo 217 del Código Penal Federal al promover ante un servidor público el otorgamiento ilícito de la pensión. La acción penal es, a todas luces, abusiva. María Amparo Casar promovió y obtuvo de Pemex la pensión de viudez porque tiene derecho a ella en su carácter de viuda de un trabajador de esa empresa. No hubo nada ilícito en la promoción ni en el otorgamiento de esa pensión.
Nadie podría afirmar que Carlos Fernández Márquez se suicidó. Cayó del piso 12 del edificio de Pemex. No hubo un solo testigo del hecho. Nadie sabe, por tanto, cómo y por qué cayó. En los registros de Pemex aparece que se trató de un accidente. El entonces procurador general de justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, declaró, entrevistado por reporteros —existe un video de la entrevista—, que no había por qué indagar si la muerte se debió o no a un suicidio porque lo que correspondía a la Procuraduría era perseguir delitos y de lo que no había duda es de que el fallecimiento no había sido por homicidio.
Pero aun si hubiese sido un suicidio —suponiendo sin conceder—, María Amparo Casar tenía y tiene derecho a la pensión. La Ley del Seguro Social señala un único supuesto en que no se tiene derecho a la pensión de viudez: que la muerte del asegurado haya acacecido antes de seis meses de matrimionio. María Amparo Casar y Carlos Fernández Márquez llevaban casados mucho más de ese lapso.
Cuando se le privó de la pensión de viudez, la doctora Casar se amparó y logró que se le restituyera. El juez ordenó la restitución porque de ningún alegato de Pemex ni del contrato colectivo de trabajo de la petrolera se desprende que el suicidio es un motivo para negar darle la pensión a la viuda del extrabajador. No hay pruebas, indicó el juez, de que la pensión le hubiera sido concedida de manera indebida.
La acción penal contra María Amparo Casar es un abuso de poder. Es una represalia por su labor al frente de MCCI, organización que ha documentado numerosos casos de corrupción gubernamental, incluidos los de la 4T, siempre sustentándolos en pruebas. MCCI no se ha amedrentado ante ningún caso de los que ha investigado, ni siquiera cuando informó de los negocios y el tráfico de influencias de los hijos del presidente en la construcción del Tren Maya.
María Amparo ha sido una figura clave en la transición a la democracia y en el combate a la corrupción en México. Utilizando a la FGR para la tropelía, pervirtiendo el Estado de derecho y violando el principio de legalidad penal, se le ha querido retribuir su admirable tarea encarcelándola. No podemos permitirlo. El atropello ha causado tal escándalo que la nueva fiscal general anunció que se analizará la legalidad del caso. Si se actúa con respeto a la ley y a los derechos humanos, la FGR tendrá que desistirse de la acción penal.