Solidaridad

Mucho me alegró la firma del convenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y los directivos de la Asociación Nacional de Hospitales Privados del país para atender a los enfermos derechohabientes del IMSS, ISSSTE y de todas las personas que así lo requieran.  

Esto permitirá ampliar la cobertura de atención a la red hospitalaria para las víctimas del COVID-19 en los hospitales públicos. 

La presencia de Olegario Vázquez Aldir y Marcelo Ebrard Casaubon fue gratificante. ¿Por qué no se miran en este espejo los líderes de las distintas organizaciones empresariales y de prestadores de servicios comerciales?

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los 12 organismos cúpula del país presentaron su “plan contra la crisis” para reactivar la economía y el empleo del  país.  

Envalentonadas, diversas cámaras locales de comerciantes anuncian sumarse a la rebelión de suspensión de pagos vía amparos, olvidando que es una obligación constitucional de todos los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en el que residamos, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

 Ahora bien, cuatro gobernadores pretenden insubordinarse al pacto federal, aprovechando la crisis de salud y jalar “agua a su molino” (son los de Nuevo León, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas) y olvidan que, precisamente, la distribución del ingreso toca a la Federación, de ahí se dirige hacia los estados y estos otorgan a los municipios, debiendo hacerlo en términos de equidad, precisamente para cumplir con el principio elemental de justicia de lograr “igualdad frente a los desiguales”.

En la Ciudad de México se perdieron 67 mil empleos formales entre el 1° de marzo y el 6 de abril. Sólo 10 empresas dejaron desempleados a 12 mil personas, el seguro de desempleo del gobierno de Claudia Sheinbaum registró 30 mil 336 solicitudes entre el 30 de marzo y el 9 de abril (sólo 10 días), los beneficiarios reciben dos mil 641 pesos mensuales por tres meses.

El gobierno capitalino entrega vales de despensa a la población vulnerable que podrá canjearlos en comercios locales, así reactivará la economía de la capital mexicana.

Carlos Salazar, líder del Consejo Coordinador Empresarial, rechazó la invitación del presidente López Obrador para recordar a 15 empresas deudoras paguen al erario 50 mil millones de pesos, argumentando que “no tiene atribuciones para cobrar”.  Que además son de utilidades que obtuvieron el año anterior.

¿Verdad que no es lo mismo “pedir que dar”?

Margarita Zavala,  al amparo de “su benevolencia”, invita a ser solidarios con quienes no tienen alimentos a través de donaciones a iglesias y ONG.

Ella y su cónyuge Felipe Calderón se dedican a “torpedear” al presidente López Obrador y su programa de salud.

¿Por qué no los vemos en las calles y hospitales asistiendo a las víctimas de la pandemia?

¡No!, están más ocupados en fundar su nuevo partido México Libre (refrito del PAN) para tener acceso a las prerrogativas económicas que el Instituto Nacional Electoral otorga a todos los partidos nacionales con registro, sólo este año recibirán cinco mil 239 millones pesos para sus campañas de dos estados de la República (Hidalgo y Coahuila), ¿no es un gasto innecesario?, ¿una afrenta para los mexicanos?, dinero que, por cierto, sale de los impuestos de los que sí pagamos.

¿Por qué no donan o renuncian a sus prerrogativas económicas Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano como harán Morena y el Revolucionario Institucional?

¡No!, “se trata de seguirle clavando el diente a los dineros públicos”.

Los empresarios ricos  pretenden seguir con los privilegios de “rescates financieros, no pagar impuestos, exenciones fiscales, prórrogas, moratorias, eliminación de sanciones, penalizaciones, intereses y dispensas.”  

Los amparos interpuestos contra el pago de impuestos “no prosperarán”, así que señores, “a pagar impuestos” lo contrario es ser apátrida… ¿O no, estimado lector?