Una CNDH a modo para Ayotzinapa

Pero también esta CNDH gobiernista se rompe con la renuncia del primer visitador, José Martínez Cruz, ante la intención de realizar una nueva recomendación sobre el caso Ayotzinapa que vaya de acuerdo con las indicaciones recibidas por la fiscalía especial del caso. No importa que legalmente no se pueda hacer una recomendación para reemplazar una recomendación ya emitida ni que la presentada sobre el caso Ayotzinapa por la anterior administración de la CNDH sea una investigación ejemplar, la más completa realizada sobre el caso desde el Estado mexicano.

El problema es que no se ajusta a lo que quieren en la fiscalía y los expertos internacionales ni se ajusta a la consigna de que fue el Estado el que liquidó a esos jóvenes.

Para poder dar ese salto y elaborar esa nueva recomendación, en la CNDH han decidido despedir a todos los que participaron en la anterior investigación, lo que motivó la renuncia de Martínez Cruz, y se colocó en su lugar como primer visitador a Paolo Martínez Ruiz, un funcionario menor que jamás trabajó en algo siquiera cercano a los derechos humanos y cuya anterior encomienda era la de jefe de departamento en la Secretaría de Turismo. Recibió su cédula profesional, según dice su currículum, apenas en 2017, por lo que no cumpliría con los requisitos mínimos de experiencia para cubrir la responsabilidad de primer visitador. Pero si la presidenta de la institución tampoco cumple con esos requisitos, ¿qué importa?

En el epílogo del libro La noche de Iguala (Cal y Arena, 2018), producto de una amplísima investigación con fuentes directas, en México y en instituciones de seguridad de Estados Unidos decíamos que “Los jóvenes de Ayotzinapa fueron secuestrados por policías municipales, entregados por éstos a sicarios del Cártel Guerreros Unidos. Fueron asesinados y la mayoría de ellos incinerados en el basurero de Cocula. Las cenizas arrojadas al río San Juan. Los narcotraficantes pensaban que los jóvenes eran parte de un ataque del cártel de Los Rojos contra su plaza. Las autoridades de Iguala, Cocula y otros municipios estaban coludidas con el narcotráfico. También algunas autoridades estatales, así como algunos estudiantes y dirigentes de la propia normal. La gran mayoría de los jóvenes asesinados, de primer ingreso, fueron sacrificados sin siquiera saber por qué perdían la vida. El exterminio de los jóvenes no fue diferente a la forma en la que han actuado esos grupos criminales antes y después de la noche de Iguala, el 26 de septiembre del 2014.

“No existe una sola prueba en contrario que niegue esta sucesión de hechos. Las versiones de que el responsable del crimen fue ‘el Estado’ no tienen fundamento alguno. Las razones esgrimidas para responsabilizar a los grupos criminales que controlan el comercio de heroína en la entidad y que se disputan el territorio no sólo son verosímiles, sino verídicas. Los asesinos materiales e intelectuales han reconocido su crimen, la forma y las circunstancias en que se cometió. Las acusaciones de que pudo ejercerse la tortura sobre alguno de los detenidos no invalida la declaración de los propios sicarios, que en las grabaciones e imágenes que hemos divulgado no muestran signo alguno de tortura. Los testimonios de todos los sicarios involucrados coinciden casi plenamente.

“El asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa es uno de los eventos más crueles que hemos sufrido, consecuencia de una década de violencia del narcotráfico, que ha generado decenas de miles de víctimas. No fue un crimen político, fue la consecuencia de la corrupción, la violencia y la impunidad con que actúan las fuerzas del crimen organizado y de su complicidad con autoridades municipales y estatales. Alegar que fue ‘el Estado’ el responsable de esos crímenes injustificables es una forma de asumirse como cómplice de los criminales, otorgarles una coartada para quedar impunes y alejar, cada día más, la posibilidad de hacer justicia. Una justicia que esos jóvenes sacrificados por el crimen merecen y que no se les puede negar”. Ésos son los hechos que no se pueden negar.

Ésa es la justicia que les está negando a las víctimas la CNDH de Rosario Piedra, la que acerca a la libertad a los esposos Abarca, como la que ya gozan la mayoría de los sicarios y policías involucrados en el crimen por la actuación negligente de esa fiscalía y de la propia CNDH. No importa, viene el sexto aniversario y se quiere tener una investigación y una recomendación a modo.

No sé cómo concluirá el show con el que quieren llevar a la presidencia de la Cámara de Diputados a Gerardo Fernández Noroña, pero la forma en la que el PT se ha querido agandallar esa posición, sumando (¿comprando?) diputados de donde sea, lo deslegitima tanto como el proponer al propio Fernández Noroña para esa posición.