La crisis fiscal que se avecina

La crisis fiscal que el país está por enfrentar y que ha emergido en el diferendo entre los gobernadores de la Alianza y el gobierno federal es muestra de que el sistema tributario se ha agotado y urge renovarlo bajo otros parámetros que, además, terminen con la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda y del mismo jefe del Ejecutivo.

Persistir en esta política impositiva es lo que ha llevado a que la rueda de la justicia haya girado de tal forma que hoy las detenciones espectaculares no son las de los jefes del crimen organizado, sino las de empresarios; pero se sigue manteniendo la economía informal para no afectar una gran base generadora de apoyos electorales y, por supuesto, de recursos políticos.

Debe traerse a la luz que este sistema, ya agotado, ha permitido que las autoridades presenten al Congreso una Ley de Ingresos en la que éstos se subvalúan intencionalmente, sabiendo que el remanente resultante será más alto y que puede ser usado de manera discrecional para otorgarlo a los gobiernos de los estados afines al partido en la Presidencia.

En justificación de un cambio del sistema fiscal, debe mencionarse que si bien los tiempos para que el Congreso apruebe todo el paquete fiscal fueron ampliados, lo cierto es que la Secretaría de Hacienda se guarda información que luego envía a los legisladores con los tiempos ya fatales, por lo que no hay tiempo de analizarlos a detalle, además de que no cuentan con asesores por una austeridad que sólo opera para la incapacidad.

De acuerdo con una serie de análisis elaborados sobre este tema por el presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, Arturo Pueblita Fernández, se plantea la urgencia de una reforma fiscal que se base en la productividad del país, a través de incentivos, de tal suerte que se abandone una visión únicamente recaudatoria.

De esta manera, explica, se generaría una competitividad nacional que propiciaría más ingresos y, por consiguiente, mayor consumo, además de que se construirían nuevos acuerdos y reglas en las que se defina qué impuestos recaudarían en exclusiva la Federación y los estados.

Pone como ejemplo que el ISR sobre los salarios de los trabajadores lo podrían recabar los estados y el de las empresas la Federación o viceversa.

La solución va mucho más allá del ruido político porque, ciertamente, no puede romperse el Pacto Fiscal. Si un estado decidiera dejar de recabar impuestos federales como el ISR o no integrarlos, al ser un tributo federal, los perdedores serían los contribuyentes de la entidad, porque podría presentarse el caso de doble cobro de un impuesto, es decir, doble tributación.

Por ello existen tanto la Ley de Coordinación Fiscal como los convenios de colaboración administrativa. En donde sí cabe la razón a los gobernadores de la Alianza Federalista es en establecer controles a la Secretaría de Hacienda y al Presidente, para que no usen discrecionalmente los recursos.

La solución es más técnica que política. Pero se abre un momento propicio para que ambas partes den el siguiente paso y se produzca una verdadera reforma fiscal; algo que todas las bancadas partidistas ya habían propuesto en la Cámara de Diputados.

Existen tres perversiones del sistema actual. El primero, que hay un desequilibrio en la capacidad del cobro de impuestos de estados y municipios frente a la Federación; segundo, que prima una visión ideológica que se traduce en una persecución del empresariado en todos los niveles y en su exclusión de los proyectos nacionales y, tercero, sostener intocada la economía informal por los beneficios político-electorales que ha representado históricamente.

Pueblita Fernández apunta, con razón, que el Congreso prácticamente queda en desventaja frente a la Secretaría de Hacienda y se ve en la dinámica de aprobar el Paquete Fiscal sin grandes modificaciones. Por ello plantea la creación de un Consejo Fiscal que, justo al escribir estas líneas, felizmente se materializó al aprobarse la iniciativa de la diputada del PRI, Soraya Pérez, que crea el Instituto de Estudios de la Hacienda Pública.

Es una buena noticia porque viene del consenso de los partidos, incluido Morena. Se abre la puerta para que el Congreso se reposicione y se cuente con una instancia independiente que construya análisis serios sobre las finanzas públicas, la deuda, programas con reglas de operación, entre otros temas.

Tal vez, como afirma Pueblita Fernández, éste sea el momento de construir una solución de Estado en la que los empresarios se integren, también, al desarrollo y dejen de ser los enemigos a vencer.