En México hay más de 132 mil personas desaparecidas. No es una cifra: es una crisis humanitaria. Por eso la ONU ha puesto el dedo en la llaga al señalar que el problema no sólo es de seguridad, sino de fallas estructurales en la búsqueda, investigación e identificación, agravadas por la corrupción e impunidad en los tres niveles de gobierno.
De acuerdo con el organismo, las desapariciones no sólo persisten, crecen. Este fenómeno atraviesa sexenios y ha rebasado cualquier estrategia. Sin embargo, en medio del debilitamiento institucional, el Ejército mexicano ha sido la única institución con presencia constante en amplias zonas del país. No se trata de idealizarlo, se trata de contrastar. Mientras estados y municipios redujeron capacidades, desmantelaron policías o simplemente cedieron territorio al crimen organizado, el Ejército mexicano permaneció, incluso bajo una estrategia —la de abrazos, no balazos— que limitó su margen de acción frente a los cárteles. Aun así, su despliegue territorial y disciplina lo mantuvieron y mantienen, como el rostro más visible del Estado, donde otras instituciones han desaparecido, literalmente.
Se insiste en que ya no hay desapariciones forzadas. Pero la realidad contradice esa narrativa. Las fosas clandestinas siguen apareciendo y las personas buscadoras siguen siendo asesinadas. La crisis no sólo continúa, se profundiza. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se registraron más de 53 mil desapariciones, superando las cifras de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Parte de ese incremento no puede entenderse sin una estrategia que, en los hechos, ató de manos al Ejército, Marina y GN, quienes tenían capacidad operativa para enfrentar al crimen.
Hoy, el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta un dilema mayúsculo: ordenar el caos o administrarlo. Lo preocupante es que, más que fortalecer la coordinación entre la Federación, estados, fiscalías y Fuerzas Armadas para depurar registros con rigor, se optó por borrar cifras. El Estado no puede desaparecer dos veces a los desaparecidos. En este asunto la CNDH guarda silencio y, peor aún, se alinea con el discurso oficial. En una crisis de esta magnitud, la omisión también es una forma de complicidad.
México no necesita narrativas cómodas. Necesita verdad, coordinación institucional y, sobre todo, recuperar la presencia efectiva del Estado.
* La “decisión” de optar por la reparación integral del daño por parte de las y los 145 afectados en el accidente del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Nizanda, Oaxaca, cayó como anillo al dedo a la FGR, ya que se ahorró la tarea de buscar más responsables, y sólo determinar que los culpables fueron los conductores del tren por el exceso de velocidad. La presidenta Claudia Sheinbaum exigió entonces una investigación rigurosa. La fiscal Ernestina Godoy prometió un dictamen creíble. En ese proceso surgieron los nombres de Gonzalo López Beltrán, señalado como asesor honorífico por el propio López Obrador, aunque sin cargo formal, y el empresario Amílcar Olán, cercano al entorno del expresidente.
Tres meses después, de la investigación nada se supo. Con la extinción de la acción penal ambos personajes quedaron fuera. También quedó al margen el almirante Raymundo Pedro Morales, titular de Marina, quien fungió como director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, instancia responsable de la construcción, supervisión, operación y evaluación del proyecto.
Tras el carpetazo, la FGR aseguró haber buscado la verdad. Y sí, la causa quedó clara: el accidente fue por el exceso de velocidad en las vías, porque en las investigaciones, la prisa nunca fue el problema.
* Donald Trump está a poco menos de perder dos guerras: con Irán y la electoral. EU no pudo imponerse militarmente a Irán y ha perdido la confianza de la OTAN. Irán demostró que no necesita de una bomba atómica, sólo controló el estrecho de Ormuz. Y, ante esa derrota estratégica, en EU Trump va en caída libre para su reelección. Buscará cobrarse con algunos países de América Latina, entre ellos, México.
DE IMAGINARIA
El Departamento de Justicia de EU quiso atribuir a la fiscal Pam Bondi el éxito del operativo que permitió la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, pero el gobierno de México salió al quite y destacó el trabajo impecable del Ejército mexicano, aunque reconoció que sí hubo intercambio de información.