En México, la pregunta ya no es cuándo comprar una casa, sino quién puede hacerlo. Durante décadas, adquirir una vivienda fue un paso casi natural en la vida adulta: estudiar, conseguir empleo, casarse y comprar un hogar era una meta para la mayoría. Hoy, esa dinámica está quedando en el pasado, pues, para millones de jóvenes, la posibilidad de tener casa propia se ha convertido en una meta lejana, cuando no en una renuncia silenciosa.
Nuestro país es uno de aquellos con mayores costos de vivienda y menor accesibilidad de compra en América Latina. En 2025, sólo detrás de Montevideo, la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara se posicionaron entre las ciudades con el precio más elevado por metro cuadrado en la región, con alrededor de dos mil 300 dólares, de acuerdo con el Cost of Living Index 2025 de Numbeo, y se mantiene entre los primeros cinco en el ranking 2026.
El aumento de precios en nuestro país ha crecido por encima de la media internacional, impulsado por la especulación del suelo, la concentración de servicios y oportunidades en ciertas zonas urbanas y el encarecimiento de los materiales de construcción, dando como resultado una oferta inmobiliaria que ofrece casas que la mayoría simplemente no puede pagar.
Hace apenas tres décadas, la edad promedio para comprar vivienda en nuestro país era de 29 años y actualmente ronda los 39. Pero esos diez años de diferencia no son un simple ajuste estadístico, son reflejo de transformaciones profundas en la economía y en la estructura social de las generaciones recientes de jóvenes.
Es cierto que, para muchos, las aspiraciones han cambiado, pues, hoy, buena parte de la juventud decide vivir sola, compartir gastos con amigos, postergar o descartar el matrimonio, así como la maternidad o paternidad, y el modelo tradicional de familia ya no es opción para muchos.
Sin embargo, sería ingenuo pensar que ello se debe únicamente a una transformación cultural, pues no podemos cerrar los ojos ante circunstancias como la insuficiencia de empleos estables, ingresos que no se ajustan al costo real de la vida y un mercado inmobiliario que parece diseñado para expulsar al mexicano promedio.
Frente a esta realidad, se han encaminado varios esfuerzos. El gobierno federal ha puesto sobre la mesa programas como Vivienda para el Bienestar, el cual contempla la construcción de cientos de miles de viviendas y la entrega de créditos y apoyos a quienes tienen ingresos bajos o medios. Por su parte, en la Ciudad de México se ha hecho lo propio: se ha invertido más de mil 400 millones de pesos en acciones de vivienda (entre otras cosas) para garantizar el acceso a la vivienda digna, segura y sustentable.
Pero aunque dichos esfuerzos son importantes y representan avances tangibles, la exclusión de acceso a la vivienda para la población joven y trabajadora es parte de un problema estructural que es preciso atacar desde diversos ángulos.
Para que estas políticas se traduzcan en beneficios reales de acceso a la vivienda, es preciso un enfoque integral que regule el mercado del suelo urbano para frenar la especulación que encarece el precio de las casas y los departamentos; hace falta que la política de vivienda vaya de la mano con mejores sueldos y empleos más estables; y transparentar la gestión para asegurar que los recursos y los programas de vivienda lleguen a quienes realmente lo necesitan.
La vivienda es un derecho fundamental, no un simple activo financiero. Cuando para una generación entera tener casa propia se vuelve un sueño inalcanzable, además de tratarse de un problema de desigualdad social, también estamos hablando de una especulación que es preciso atacar. México necesita políticas de vivienda que sean ambiciosas, coherentes y, sobre todo, efectivas para sus nuevas generaciones.