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Renovación en el INE

Javier Aparicio

Javier Aparicio

 

Está por anunciarse la convocatoria pare renovar a cuatro integrantes del Consejo General del INE. Dada la relevancia del organismo electoral en nuestro sistema político, el tema cobrará creciente interés conforme se acerque la designación final. En esta columna comentaré tan sólo algunas aristas relevantes.

Mientras que al Senado le han correspondido sendas designaciones en la Corte, la CNDH y tribunales electorales, la renovación de consejeras(os) del INE será la primera designación de la Cámara de Diputados en materia electoral. La Junta de Coordinación Política de la cámara tiene frente a sí el reto de organizar un procedimiento de designación más decoroso que los vistos hasta ahora en el Senado.

La aritmética y el calendario importan: tanto en 1996 como en 2003 se renovó completamente el pleno del Consejo General del IFE. Desde la reforma política de 2008, la renovación ha sido escalonada. Por un lado, esto ha permitido una sana combinación de experiencia y rotación de cuadros en el instituto. Por otro lado, el escalonamiento también ha producido tensiones y conflictos partidistas en cada nueva Legislatura: así, las designaciones programadas para 2010 y 2013 nunca pudieron realizarse, por ejemplo. Desde 2014, cada año preelectoral está precedido de una correspondiente renovación de consejeros.

En 2014, con la creación del Instituto Nacional Electoral, aumentó de nueve a once el número de consejeros generales. Desde entonces, muchas de las más importantes decisiones del consejo requieren una mayoría calificada de ocho votos. Una ventaja del nuevo arreglo es que tales decisiones clave requieren consensos más amplios que antes. La desventaja es obvia: cualquier grupo de cuatro consejeros tiene poder de veto sobre tales decisiones. De ahí, parte de la relevancia de la renovación en ciernes.

Por desgracia, la integridad y autonomía del Instituto Electoral ha sido vulnerada antes. Tras las reformas de 2008 y 2014, mismas que implicaron una renovación total del Consejo, ningún consejero puede hoy confiar plenamente en que mantendrá su cargo por el periodo completo en que fueron designados. Hoy mismo, por ejemplo, existe una iniciativa para remover anticipadamente al consejero presidente del INE.

Las opiniones críticas del Consejo General del INE acusan un vicio o pecado de origen: la designación partidista y/o el reparto de cuotas. La crítica es más que fundada cuando se analizan a detalle los patrones de votación de algunos consejeros o bien, cómo algunos han buscado u ocupado cargos bajo distintos sellos partidistas.

Hay quienes defienden las designaciones por cuotas, aduciendo que la mayoría calificada que les respaldó en su momento refleja un acuerdo político que les transfiere cierta legitimidad. Otro argumento es que, mientras el Consejo tenga una integración plural y que se renueve poco a poco, es posible producir un cuerpo colegiado relativamente imparcial. Por desgracia, ninguna de estas justificaciones resuelve de fondo dos cuestiones fundamentales: ¿con designaciones partidistas llegan las y los mejores consejeros o sólo los más leales a algún líder partidista? ¿Los acuerdos logrados al interior del Consejo han sido los más saludables para una democracia?

Por otro lado, una mejor defensa del papel del INE en nuestra democracia son los resultados electorales mismos a lo largo de 30 años. Con todas sus deficiencias, el IFE/INE ha ayudado a que se logren tres alternancias en la Presidencia, gobiernos divididos y una cifra récord de alternancias locales.

¿Cómo puede una Legislatura, órgano eminentemente partidista, producir designaciones apartidistas en organismos autónomos —o en el Poder Judicial mismo? A falta de designaciones angelicales o químicamente puras, es importante preservar un órgano suficientemente plural, calificado profesionalmente y con solvencia ética.

Hay quienes argumentan que el Consejo del INE actual está manchado por haber sido designado por una coalición legislativa hoy derrotada. Curiosamente, en vez de proponer designaciones menos partidistas, parecen proponer como remedio idóneo un Consejo que refleje la correlación de fuerzas del nuevo Congreso. Es un argumento falaz: si el INE, el TEPJF o la Corte misma tuvieran que ajustarse de manera instantánea a mayorías legislativas cambiantes, perderían fuerza como contrapesos constitucionales.

 

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