Poder presidencial

El poder presidencial siempre es algo relativo. Incluso los historiadores del presidencialismo priista reconocen que, aun siendo los actores políticos más poderosos del país —jefes de Estado, gobierno y a su vez líderes de partido—, los mandatarios del otrora partido hegemónico enfrentaban ciertas restricciones al tomar decisiones de gran calado.

Este gobierno y su coalición legislativa han sido capaces de reformar la Constitución a su antojo y purgar completamente el Poder Judicial y, sin embargo, hay quienes afirman que este mismo gobierno no puede o no tiene el suficiente poder para implementar una reforma fiscal que tan sólo requeriría una reforma legal. ¿Cómo es esto posible? ¿Acaso no tiene suficiente poder la Presidenta? ¿O más bien no quiere hacerlo?

Desde un punto de vista político, se suele medir el poder presidencial con base en los votos obtenidos inicialmente, la holgura de sus bancadas legislativas o bien por las tasas de aprobación de su gestión durante sus respectivos mandatos. Desde este punto de vista, la presidenta Claudia Sheinbaum no sólo consiguió más votos que López Obrador, sino también mayorías legislativas más amplias. Hay quienes afirman que tal poder no lo consiguió, sino que se lo debe en gran medida a su predecesor: esto me parece un doble rasero y una medida algo injusta en todo caso.

Hoy día, sin embargo, los niveles de aprobación de la Presidenta son similares a los de su antecesor al inicio de su gobierno. Sin embargo, propios y extraños afirman que evidentemente tiene menos poder que su antecesor. ¿Será cierto? Un observador suspicaz quizá prefiera evaluar la gestión de las y los presidentes por los resultados observados durante su gestión. Por ejemplo, Evo Morales tuvo muy buenos resultados en sus primeros años de gobierno, pero acabó siendo removido mediante un golpe de Estado. En el caso mexicano, por ejemplo, llevamos siete años con tasas de crecimiento económico menores, en promedio, a las observadas durante los mandatos de los tres presidentes anteriores, a menudo tildados como corruptos o neoliberales por quienes hoy gobiernan.

En América Latina, los sucesores de presidentes fuertes, carismáticos o muy populares difícilmente superan a su predecesor. Aunque el delfín rara vez supera al maestro en carisma o poder, lo cierto es que a veces resultan ser fieles seguidores del “proyecto original”, pero a veces se distancian con firmeza. Basta recordar los casos de Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, o Hugo Chávez en Venezuela.

Entre 2003 y 2011, Luiz Inácio Lula da Silva fue presidente de Brasil por dos periodos consecutivos, y hoy se encuentra en su tercer mandato tras derrotar a Jair Bolsonaro en 2022. Dilma Rousseff le sucedió en el poder, mantuvo la presidencia por el mismo partido de Lula, y fue presidenta de enero 2011 hasta agosto 2016. Rousseff también ganó la reelección en 2014, pero fue removida de su cargo antes de concluir su segundo mandato: algunos partidos de su coalición le dieron la espalda.

Desde una perspectiva de política comparada, los gobiernos unificados y divididos enfrentan diferentes restricciones para negociar e implementar sus programas de gobierno. López Obrador decidió no negociar reformas constitucionales con la oposición en la segunda mitad de su mandato, aunque sí lo hizo en la primera. La Presidenta cuenta con mayorías calificadas, pero hay quienes dicen que enfrenta vetos importantes al interior de su coalición.

Si el gobierno no quiere impulsar una reforma fiscal —cosa por demás irresponsable, dadas las graves carencias sociales y las muy limitadas capacidades estatales—, ¿acaso no podría distanciarse de algunas de las políticas públicas más ineficaces que le heredaron, para al menos propiciar un mayor crecimiento económico y con ello conseguir una mayor recaudación? Si las restricciones están en el Congreso, ¿acaso no podría negociar algún tipo de reforma —ya sea legal o constitucional— con los partidos de oposición? Los presidentes de los gobiernos divididos lo hicieron numerosas veces. ¿Este gobierno no quiere o no puede?