Organismos electorales

Aunque aún no conocemos la eventual iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum o su partido, uno de los temas que se han mencionado más a menudo en foros y discusiones recientes consiste en la posible desaparición de los organismos públicos locales electorales, mejor conocidos como OPLE tras la reforma política de 2014.

El argumento básico es como sigue. Por principio de cuentas, se plantea que existe una duplicidad de funciones entre los organismos locales y el Instituto Nacional Electoral. En segundo lugar, se recurre al argumento de austeridad para justificar la desaparición de los primeros y encargar toda la organización de procesos electorales a una sola autoridad nacional.

Comencemos con el argumento de la austeridad. Con el pretexto genérico de la austeridad, se ha intentado justificar desde la extinción de organismos autónomos hasta la desaparición de la representación proporcional en el ámbito legislativo. Por un lado, esa austeridad no se ha hecho evidente en el gasto público ni en los costosos proyectos estratégicos de este gobierno y el anterior. De hecho, de un tiempo a esta fecha se han observado los mayores niveles de déficit presupuestal.

De manera más sustantiva, el presupuesto no es ni debe ser el primer factor por considerar al evaluar instituciones electorales. Lo primero es que éstas logren cumplir cabalmente con su mandato constitucional: organizar elecciones confiables, libres y auténticas. Es un hecho que los organismos electorales son costosos desde su origen, dados los numerosos candados que se acordaron con la creación del IFE y el COFIPE. Recordemos que al crearse el IFE se intentaba contar con un organismo capaz de organizar elecciones confiables frente a un partido hegemónico. Por desgracia, el reto de aquella misión original no ha cambiado mucho, pues una vez más existe un partido político dominante que cuenta con super mayorías legislativas y ya ha avasallado al Poder Judicial.

Llevado al límite, con el mismo argumento de austeridad podrían desaparecer una o ambas Cámaras del Congreso, buena parte de la burocracia y/o extinguir todos los institutos electorales para que el gobierno mismo organice las elecciones —tal y como ocurrió durante nuestro pasado autoritario—. Por desgracia, no escasean desmemoriados que celebran esa concentración del poder.

En segundo lugar, consideremos el argumento de la duplicidad de funciones. Aquí hay una confusión común sobre el cúmulo de tareas que implica la organización electoral. Una de las principales razones por las cuales el INE es capaz de organizar elecciones confiables desde hace décadas, consiste en su estructura descentralizada. La principal fortaleza del INE no consiste en las capacidades de su Consejo General, importante como lo es, sino en un servicio profesional electoral que se encuentra distribuido en 300 juntas distritales.

Si hoy día los OPLE tienen menos facultades y atribuciones que el INE, esto se debe a la negociación de la reforma política de 2014. Las opciones de reforma no sólo consisten en desaparecer órganos locales para concentrar todas las tareas en un INE aún más grande y costoso, o viceversa. En medio hay un sinnúmero de arreglos posibles en el que se redistribuyan las tareas electorales. De hecho, si desparecieran los OPLE, el presupuesto y las tareas del INE tendrían que crecer de manera importante.

La transición democrática mexicana comenzó de lo local hacia lo federal. Las primeras derrotas del partido hegemónico ocurrieron en gobiernos locales, años antes del primer gobierno dividido o de que el PRI perdiera la presidencia en el año 2000. Y esas elecciones fueron organizadas por institutos estatales electorales. Si el arreglo institucional actual le ha permitido a Morena tantos triunfos, ¿por qué se pretende extinguir a los OPLE?

Si lo que se pretende es concentrar toda la organización electoral en una sola institución porque las mayorías legislativas actuales pueden avasallarla y controlarla con la misma facilidad que al Poder Judicial, entonces el verdadero objetivo no es la austeridad, sino consolidar la regresión democrática que está en marcha. Llamemos las cosas por su nombre.