El pasado sábado 17 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a ocho personas expertas en economía a una reunión en Palacio Nacional junto con el así llamado gabinete económico: Hacienda, Economía, Energía, Relaciones Exteriores, Ciencia, Medio Ambiente, entre otros. ¿El propósito de la reunión? Conversar sobre el crecimiento y desarrollo económico en México.
A diferencia de otros tantos eventos, en los que la Presidencia o algún alto funcionario convoca a diferentes grupos de personas para que escuchen largos discursos autocomplacientes y en realidad exista un escaso o nulo diálogo, esta ocasión fue particularmente notable porque la Presidenta convocó a expertos para que ella y su gabinete pudieran escucharlos por casi tres horas. Y a diferencia de otras reuniones de trabajo que no se hacen públicas, en esta ocasión Claudia Sheinbaum dio a conocer esta reunión en sus redes sociales: “En Palacio Nacional, nos reunimos con economistas para conversar sobre el crecimiento y la fortaleza económica de México con visión de bienestar, prosperidad compartida y justicia social”.
Las personas convocadas fueron Ana María Aguilar, Gabriela Dutrenit, Gerardo Esquivel, Fausto Hernández, Juan Carlos Moreno-Brid, Mariana Rangel, Lorena Rodríguez y Héctor Villarreal. Siete de ellos se dedican a la academia —UNAM, UAM, CIDE, Colmex, ITESM—, y uno más labora en el sector privado. A decir de varios de los expertos convocados, quienes han manifestado libremente sus ideas y testimonios en diversos medios, la reunión fue cordial y respetuosa, los invitados pudieron hablar sin restricciones y contestaron distintas preguntas: un diálogo abierto. Si se hubiera tratado de un foro o evento académico, no habría mucho que destacar —salvo la solidez de las ideas vertidas, por supuesto—. Pero al tratarse de una reunión convocada por la Presidenta de México, la reunión resultó inédita. Durante el sexenio pasado no ocurrió nada parecido. Al contrario, una y otra vez se expresó desde Palacio Nacional un gran desdén sobre lo que pudieran aportar académicos expertos, mucho menos en temas económicos.
Durante tres años, buen parte de la comunidad del CIDE —un centro público de investigación donde trabajo desde hace 23 años como profesor— solicitó reiteradamente al gobierno federal que reconsiderara la designación de José Romero como director general. Profesores, estudiantes y trabajadores nos manifestamos por escrito, en las calles, frente a Conacyt, acudimos al Senado y la Cámara de Diputados. La directora general de Conacyt, Ma. Elena Álvarez-Buylla, nunca nos recibió. El gobierno nunca consideró la posibilidad de haberse equivocado.
Desde que comenzó este nuevo sexenio, solicitamos lo mismo a la nueva secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz. Venturosamente, fuimos escuchados y la secretaria nos expresó su voluntad de escuchar a la comunidad. El lunes pasado, el director general del CIDE fue removido de su cargo y desde el martes tenemos una nueva directora general interina, la doctora Lucero Ibarra, experta en sociología jurídica y colega desde hace varios años.
Creo que no miento al decir que muchos estudiantes, exalumnos y trabajadores del CIDE hemos recibido esta decisión como una muy buena señal que nos permite ver hacia adelante. Como profesor veo una oportunidad valiosa para reconstruir este centro público con diálogo abierto, respetando las normas y retomando la deliberación de nuestros cuerpos colegiados.
El miércoles pasado, la presidenta Sheinbaum manifestó ante pregunta expresa en su conferencia de prensa matutina que el CIDE es una “buena institución académica” y añadió que espera que los centros de investigación tengan una mayor “cercanía con los problemas nacionales y que ayuden al desarrollo de la nación” con libertad de expresión y de cátedra. Considero que justo eso hemos hecho por años, pero de todos modos acuso recibo.
Creo que estas dos estampas dan cuenta de un cambio de actitud tanto en palacio nacional como en la Secretaría de Ciencia. Hago votos para que este diálogo continúe y se intensifique. El país lo necesita con urgencia.