¿Crimen y castigo?

La presidenta Claudia Sheinbaum ha cumplido su primer año de gobierno. Por su parte, Donald Trump apenas ha cumplido ocho meses en su segundo mandato. ¿Qué lecciones arrojan sus primeros meses de gobierno?

Según las estimaciones más recientes del experto Nate Silver, a la fecha un 53.3% de los estadunidenses aprueba el trabajo que está haciendo el presidente Donald Trump, mientras que sólo 43.9% lo aprueba.  Desde finales de marzo de este año, su aprobación neta ha sido crecientemente negativa. De hecho, la mayoría de sus políticas públicas también son reprobadas por la mayoría de la población. Por ejemplo, su manejo de la economía tiene una aprobación neta de -15.6%, sus políticas arancelarias de -17.3%, y sus políticas migratorias tienen un saldo de -5.3 por ciento.

En una democracia medianamente funcional, podría esperarse que este mal desempeño fuera castigado con severidad en las urnas a la brevedad posible. Sin embargo, las encuestas genéricas sobre intenciones de voto para las elecciones legislativas de 2026 sólo dan una ventaja de 45% al partido demócrata frente a 41.4% del partido republicano, es decir, un margen de apenas 3.6 puntos porcentuales.

¿Cómo podemos explicar que un pésimo desempeño presidencial se traduzca, hasta ahora, en sólo una ligera desventaja esperada en la elección intermedia? ¿Cómo explicar que el presidente Trump insista en anunciar políticas públicas reprobadas por la mayoría de su población? ¿Dónde están los líderes de la oposición demócrata en Estados Unidos?

En México, según la encuesta más reciente de Buendía y Márquez, publicada a finales de agosto pasado, la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum contaba con una aprobación de 70%, 18% la reprobaba y 7% se mostraba indiferente. La aprobación inicial de la Presidenta fue de 74% y llegó a ser de 80% en febrero pasado, cuando la confrontación con el presidente Trump era notable.

Aunque aún faltan dos años para las elecciones legislativas en México, la encuesta nacional más reciente de Buendía y Márquez también muestra una clara ventaja para el partido gobernante. Según la encuesta de agosto de 2025 de Buendía y Márquez, Morena tiene una intención de voto de 45%, mientras que los partidos opositores como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano apenas registran 11%, 8% y 8%, respectivamente. Los aliados de Morena, PVEM y PT, rondan entre 4% y 3% de las intenciones de voto, mientras que 21% de las personas encuestadas no declaran preferencia aún.

Según esta misma encuesta, aunque el PAN ha crecido ligeramente en los últimos meses, no es del todo claro cuál de los partidos opositores es la segunda fuerza a nivel nacional en intenciones de voto. Al sumar las intenciones de voto de PAN, PRI y MC, apenas le darían algo de batalla a Morena.

Aún está por verse si los más recientes escándalos de corrupción que han ocupado los medios en semanas recientes —tales como el caso del huachicol fiscal o el caso de La Barredora en Tabasco, entre otros— tendrán algún impacto en la aprobación presidencial o bien en las intenciones de voto hacia el futuro. Sin embargo, difícilmente podría argumentarse que la corrupción observada durante el sexenio pasado es una completa novedad.

Como sabemos, a lo largo de su mandato, López Obrador gozó de elevadas tasas de aprobación presidencial. Sin embargo, numerosas encuestas también señalaron en su momento que la gestión de su gobierno en temas específicos —tales como seguridad, combate a la corrupción y salud, entre otros— era reprobatoria.

¿Cómo podemos explicar que el mal desempeño en temas específicos, incluidos los escándalos de corrupción que se conocieron antes de la jornada electoral, no se tradujeron en un mayor castigo en las urnas para la coalición morenista? ¿Cómo explicar que Sheinbaum consiguió una mayor votación que su predecesor?

Ha pasado más de un año de las elecciones presidenciales de 2024 y no parece que los líderes de los partidos de oposición tengan claro lo sucedido o el reto que tienen de cara a las próximas elecciones, sobre todo cuando el Poder Judicial ha sido avasallado y la coalición oficialista podrá reescribir las reglas electorales a su gusto antes de 2027.