Control de daños

Durante el sexenio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador le encomendó a las Fuerzas Armadas tareas tan disímbolas como la seguridad pública, la construcción del Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, la distribución de vacunas contra covid-19, el control de aeropuertos, puertos y aduanas y, además, el combate al robo de combustibles a Pemex, el así llamado huachicol original.

Es muy difícil saber si el entonces presidente decidió encargarles tantas tareas y responsabilidades a las Fuerzas Armadas porque confiaba en su eficiencia, honradez y eficacia, o si lo hizo porque, además de lo anterior, encomendarle tareas al Ejército era una buena forma de eludir la transparencia y la rendición de cuentas propias de un régimen democrático, bajo el pretexto de tratarse de asuntos de seguridad nacional.

A pesar de ello, las cifras de endeudamiento reciente y el sobrecosto que llegó a conocerse en varios de aquellos proyectos estratégicos despejaron algunas dudas: la austeridad o eficiencia fueron promesas no cumplidas. Hoy sabemos, además, que la honradez tampoco lo fue. El mandatario morenista prometió barrer de arriba hacia abajo la corrupción y hoy parece que, en realidad, la barredora operó de forma muy distinta.

En semanas recientes, ya bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han emprendido acciones en contra de algunos escándalos de corrupción muy visibles, tales como los relacionados con el grupo criminal La Barredora en Tabasco, que de manera ineludible involucra al exgobernador y exsecretario de Gobernación y a su secretario de Seguridad y, por otro lado, el contrabando de combustibles —el así llamado huachicol fiscal—, en el que se involucra a la Marina, aduanas y una lista creciente de funcionarios públicos.

¿Cómo podemos explicar estas acciones tan disímbolas con lo que observamos durante el sexenio anterior? Existen varias posibles explicaciones. Una, que la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido motu proprio combatir estos escándalos de corrupción. Otra posibilidad, sin embargo, es que estos procedimientos sólo han ocurrido por la presión o exigencia del gobierno de Estados Unidos. No se trata de mecanismos mutuamente excluyentes, por supuesto: cabe la posibilidad de que el gobierno estadunidenese haya exigido ciertas señales de combate a la corrupción y que, en respuesta, el gobierno federal haya elegido ciertos casos escandalosos que resultan políticamente convenientes para su gestión.

Como sabemos, para fines prácticos, el presidente López Obrador decidió que la candidatura presidencial de su partido fuera para Claudia Sheinbaum, la actual Presidenta. Sin embargo, aunque le entregó simbólicamente un bastón de mando, también le heredó una agenda legislativa (el plan C) y un nutrido grupo de operadores políticos en puestos clave tanto en el Poder Legislativo como en su propio gabinete.

Es muy difícil saber si la Presidenta impulsó gran parte de la agenda legislativa del plan C porque confiaba en sus bondades tanto como su antecesor, o si simplemente no tuvo forma de eludirlo sin enfadar a su antecesor. Como sabemos, el plan C reforzó la agenda de la militarización al tiempo que desmanteló instituciones autónomas, como el Inai, que hubieran facilitado la rendición de cuentas y la vigilancia del desempeño del gobierno y sus principales agencias. El sistema nacional anticorrupción también ha sido ignorado y estamos estrenando un nuevo Poder Judicial menos autónomo e independiente.

Una institución que no se ha reformado, ni intentado reformar por los planes A, B o C, ha sido la Fiscalía General de la República. Hoy toca confiar en el fiscal designado por el presidente anterior para que conduzca las investigaciones sobre la corrupción del sexenio anterior.

¿Qué garantías tendremos de que las corruptelas que hoy se han revelado y, en principio, se han comenzado a investigar, no volverán a repetirse este sexenio? Muy pocas, más allá de la voluntad de la Presidenta. Ante una concentración de poder no vista en décadas y el desmantelamiento de los incipientes mecanismos de vigilancia existentes, no debería sorprendernos que la trama de corrupción heredada por este gobierno sea mucho más amplia. Ya lo veremos.