¿Soberana?

Hace unos días, el caudillo decretó que la deuda de Pemex es deuda nacional. No sólo ello, declaró —pública y abiertamente— que el financiamiento de la petrolera chatarra es soberana. En unos minutos, pasó por encima de todas las disposiciones aplicables, asumiendo una responsabilidad que no le es propia, sin advertir que sus acciones tendrán funestas consecuencias en el mediano plazo.

Es otro el órgano del Estado mexicano el encargado de definir, reconocer y asumir la deuda pública, sí, aunque lo tengan brutalmente sometido, y sus integrantes perciban dietas o emolumentos sólo por asistir a sus oficinas a tramitar las órdenes que vienen de palacio. El Ejecutivo federal está para eso, para ejecutar las leyes y hacerlas cumplir, no para manejar el crédito del país como si fuera chequera personal.

Al cabo de tres años, los otros Poderes no han desaparecido, sólo porque los incondicionales del que aún se dice incorruptible precisan de curul o cargo para hincar el diente en el presupuesto, así como para poder clavar a su parentela y demás secuaces en las oficinas de gobierno.

No, el endeudamiento de Pemex no es deuda soberana ni el presupuesto es garante de la insolvente entidad que ha consumido los fondos que había en los fideicomisos públicos. La ley es clara y terminante. El artículo 106 de la ley que lo rige, en su fracción V, indica exactamente lo contrario a lo que dice el hijo de Tepetitán.

Allá los fondos de inversión y demás compradores de los bilimbiques que salen de ese hoyo negro, la ley está publicada y vigente. La nación no estará desconociendo nada, los expertos, aquí y en todo el orbe, saben que la politiquería que propala el Ejecutivo para que se siga financiando el elefante negro de nada les servirá en tribunales nacionales ni extranjeros, ya que cualquier juez, aquí o en el primer mundo, resolverá que la garantía no sólo no está otorgada, sino que está explícitamente vedada.

Ya bastante serio es el problema de opacidad que tienen los fideicomisos de Pemex en el exterior, cuya operación raya en los linderos de la ilegalidad, como para agregar más elementos de incertidumbre a la acusación de fraude contable, la cual gana —cada día— más adeptos. Sí, ante las sonoras carcajadas que produce el criterio Pérez Dayán, los analistas financieros avizoran que, tarde o temprano, los pasivos con proveedores tendrán que ser contabilizados como deuda pública, aunque —dolosamente— ésta se haya ocultado, para poder mantener un cupo de apasivamiento por encima de la efectiva capacidad de pago.

Nuestro poderoso vecino ha dejado que se sigan colocando estampitas petroleras, a las que se insiste llamar bonos, ya que sabe que, en cualquier momento, cerrando la llave a nuevas emisiones, postrará al irresponsable deudor.

Está muy lejos de su interés el ejecutar la garantía y quedarse con una empresa que vale varias veces menos su capital contable, teniendo miles de empleos por liquidar. Prefieren ver a la administración de esa desgracia nacional, como sus lejanos interventores, quienes hacen lo imposible por pagar intereses y cupones, aun tomando, ilegalmente, recursos de las arcas públicas.

Ya tocamos fondo, el caudillo ya no considera necesario modificar las leyes para hacer sus caprichos, simplemente legisla desde su atril, sin que jueces o legisladores osen mencionar la ley.

Nadie reclamará a los funcionarios por mirar hacia otro lado, en tanto se usa el dinero que debe colmar las necesidades de los mexicanos, en el aquelarre energético.