Inicio de la “transición democrática” mexicana (1977)

La vida republicana se confirma con las elecciones que de manera periódica acontecen y que generan el recambio de los titulares que por la vía del sufragio popular sustituyen o, mejor dicho, suceden, a los anteriores en los cargos públicos que se disputan a través de los procedimientos electorales federales y estatales (concurrentes). Tanto para integrar el Congreso de la Unión, ambas cámaras: quinientas curules (propietarios y los suplentes) y 128 escaños y, para ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo federal con su carácter bifrontal; la jefatura del Estado mexicano y, a la vez, encabezar la administración pública del gobierno federal, con sus más de 240 dependencias, organismos públicos y fideicomisos, etcétera.

Si bien el clima republicano se confirma con la transmisión de los Poderes públicos a los que por haberlos conseguido en las urnas, de manera indiscutible (o habiendo polémica), lo hubiera determinado el juez electoral. La esencia democrática de una república consiste en muchos otros aspectos, pero que de modo instrumental cumple con el ritual electoral. Las instituciones electorales, las que organizan los comicios y las que resuelven las impugnaciones antes y durante los procesos electorales, y calificación de las elecciones reconociendo de modo legal la licitud del triunfo en las urnas complementa esos elementos constitutivos de la esencia democrática.

Efectivamente, las elecciones siguen siendo el principal referente democrático. Sin embargo, no son “patente de corso”, eso sí, son lo primero que se investiga cuando se trata de indagar si un país es presumiblemente democrático. Las elecciones son clave, se precisa que aquellas ocurran dentro de la normalidad que la legislación señala; lo que no quiere decir que se verifiquen sin incidentes ni, menos aun, sin inconformidades e impugnaciones, que habrán de ser canalizadas por los canales institucionales y resueltas en tiempo y forma por el tribunal competente. Y ésa es justamente la dimensión de la trama que rodea la creación y evolución de las instituciones electorales.

En 1977, en medio de un régimen de partido hegemónico que “ganaba” en todas las casillas del país, fue promulgada la LOPPE, la Ley de Organización de los Procesos Políticos Electorales. Una promesa lejana.

Entonces y muchísimo tiempo después, el triunfo del partido oficial era conocido como “carro completo”. No sólo ganaba en todas las casillas de esa entidad. La lista de empadronados (el antecedente del Padrón Electoral), si se llegaba a cotejar, era evidente que habrían votado los muertos. En miles de casos en toda la federación, especialmente en las casillas rurales, la votación –cosa asombrosa– era al cien por ciento del listado nominal.

A estas alturas, las normas y las instituciones electorales han evolucionado y los procedimientos que sigue el INE y los OPLES (institutos electorales estatales) representan una enorme complejidad, y para cada etapa del proceso electoral caben impugnaciones que resuelven los tribunales electorales: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los locales. Aun así, no basta que existan los medios y los métodos para asegurar que en cada proceso electoral sea federal o estatal se colmen todas las previsiones legales para, llegado el momento, sea factible corroborar la legalidad de tales ejercicios democráticos.