Votar adentro, votar afuera

Inició esta semana la votación anticipada, ejercicio que concluirá el 20 de mayo. Entre los procedimientos está la instalación de casillas en más de 200 centros de readaptación social en donde podrán ejercer ese derecho más de 30 mil presos sin sentencia, cantidad de electores nada despreciable para los candidatos y sus partidos. Como se ha dicho hasta la saciedad, México tendrá las elecciones más grandes y complejas de su historia este 2 de junio, con más de 97 millones de ciudadanos convocados a renovar a sus representantes.

Iniciado el citado proceso, me entero de que para José Luis, un joven de 24 años, “votar por primera vez resultó ‘muy importante para ver las mejoras que pueda tener la ciudadanía y nuestras familias’, y confió en que los candidatos cumplan lo prometido (La Jornada, 7/V/2024). Ciertamente, estamos ante más de 30 mil historias que merecerían ser registradas en el marco de un estudio posterior: ¿Qué anima a los presos a votar por algún candidato en particular? ¿Qué tipo de información reciben para ejercer el voto? ¿Influye lo que les digan sus familiares o amigos? ¿Existe algún tipo de coacción de parte de compañeros internos o de autoridades penitenciarias? ¿A qué conclusiones llegaron los observadores y los representantes del INE? ¿Qué opinión les merece a las autoridades de todos esos centros que este suceso haya llegado a esas paredes?

Hace casi un año, el sistema penitenciario del Estado de México fue el primero en el que se ejerció el voto para elección a gobernador en sus instalaciones, esfuerzo inédito que ahora se imita para elegir ni más ni menos a quien ocupará la Presidencia. Hay un dato revelador: de septiembre de 2021 a septiembre de 2023, el crecimiento de la población de las prisiones mexiquenses se incrementó de 33 mil 863 a 36 mil 233 (Voto en prisión preventiva. Modelo Estado de México, 2023, Secretaría de Seguridad, Gobierno del Estado de México, 114 pp.).

Según el documento citado en el párrafo anterior, lo que ahora vemos tuvo su origen el 1º de junio de 2018, cuando dos personas recluidas en el Centro Estatal de Reinserción Social El Amate, en Cintalapa, Chiapas, impugnaron ante el Tribunal Electoral la omisión del INE de emitir lineamientos que les permitiera su derecho a votar dado que se encontraban recluidas sin sentencia, por lo que podían gozar de sus derechos político-electorales. El 20 de febrero, el Tribunal resolvió que las personas en prisión que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar, “amparadas bajo el principio de presunción de inocencia”. De ahí que el INE acatara la instrucción de “llevar a cabo una prueba piloto en 2021, con miras a su implementación en 2024”.

Vistas las cosas de manera somera hasta el momento, advertimos que la democracia ha sido capaz de permear todos los ámbitos posibles, pero, una vez ejercida, los candidatos emanados de ella no han encontrado la fórmula para sanar tejidos sociales de manera mucho más efectiva, o de reorientar la economía para que los mexicanos por igual contemos con certezas en cuanto a nuestros derechos y obligaciones. Dicho en corto: tenemos democracia, pero también incompetencia, cuando no flagrancia de nuestros representantes o personajes cercanos a ellos, derivada de vacíos legales.

Por otra parte, más de 220 mil conciudadanos fueron registrados finalmente por el INE para votar desde el extranjero. El número rebosa. Lo mismo la cantidad de remesas que recibe nuestro país, primer lugar en Latinoamérica en ese rubro. Me parece una absoluta apología de las libertades civiles que se tenga el derecho a votar en el encierro o lejos del terruño, ambas posibilidades con sus estrictos requisitos. Entendería esa acción como votar adentro, votar afuera, pero ante todo votar conforme a nuestra conciencia.