Resulta fundamental informar, antes que cualquier otra cosa, qué es el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), ya que, lamentablemente, no es tan conocido por la ciudadanía, y menos aun la importancia que tiene o debería tener. El SNF constituye uno de los pilares estructurales del modelo de fiscalización de los recursos públicos en México. Su creación obedece a la necesidad de articular, bajo criterios de coordinación, las funciones de auditoría gubernamental que ejercen las autoridades competentes en los dos órdenes de gobierno: el federal y el estatal. Tal como se define oficialmente, el objetivo central del sistema es maximizar el impacto, la cobertura y la eficacia de la fiscalización, mediante la adopción de estándares profesionales homogéneos, el intercambio de información y la eliminación de duplicidades y vacíos en las tareas de control.
El SNF se integra por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las entidades de fiscalización superior locales —en la mayoría de los casos, las auditorías superiores de los estados— y los órganos responsables del control interno en las entidades federativas, comúnmente identificados como secretarías de la contraloría, aunque con denominaciones diversas según la entidad. Asimismo, dentro del SNF existe un Comité Rector, el cual cuenta con facultades para diseñar y promover políticas integrales en materia de fiscalización, así como para instrumentar mecanismos de coordinación que fortalezcan el control del ejercicio del gasto público. No obstante, pese a los avances formales en su consolidación, persisten desafíos estructurales que limitan el cumplimiento pleno de sus objetivos.
De acuerdo con información pública a la que he tenido acceso, uno de los principales problemas identificados, desde mi perspectiva, es la diversidad normativa y metodológica existente a nivel nacional. Las diferencias en los marcos legales estatales, así como la falta de estandarización en los procesos y metodologías de auditoría aplicados por las entidades de fiscalización superior locales y los órganos estatales de control, generan asimetrías en el alcance y la profundidad de las revisiones.
A lo anterior se suma la falta de claridad en los mecanismos de coordinación interinstitucional. Otro reto relevante del SNF se relaciona con la ausencia de indicadores de gestión homologados que permitan medir, de manera sistemática y comparable, la eficacia de los procesos de fiscalización. La generación de estándares comunes permitiría, en términos coloquiales, comparar “peras con peras”.
Asimismo, el desempeño del SNF se ha visto afectado por factores laborales e institucionales. Los cambios recurrentes en las titularidades de los estados de fiscalización en las entidades federativas han derivado, en diversos casos, en la salida de personal con experiencia técnica, la pérdida de capital humano especializado y la interrupción de procesos de profesionalización. Frente a este escenario, el propio diseño del SNF ofrece líneas claras de acción para su fortalecimiento. En primer término, resulta indispensable impulsar, desde el ámbito de coordinación del sistema y en conjunto con la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental e, insisto, una homologación normativa y metodológica que permita unificar criterios técnicos, procesos y enfoques de auditoría a nivel nacional. Ello contribuiría a elevar la calidad de las revisiones y a fortalecer la coherencia del sistema. En segundo lugar, considero elemental que la transparencia de los convenios de colaboración celebrados entre la Auditoría Superior de la Federación y las entidades locales se asuma como un requisito indispensable para la rendición de cuentas y la evaluación pública del SNF.
Finalmente, en mi opinión, por la relevancia intrínseca de este sistema, su existencia podría justificarse incluso con independencia del Sistema Nacional Anticorrupción. El SNF cuenta con la solidez suficiente para constituirse, por sí mismo, en un elemento estructural del combate a la corrupción por parte del Estado y en beneficio de la sociedad. Por ello, considero que sí vale la pena fortalecer el Sistema Nacional de Fiscalización.