La extorsión en México

En nuestro país se llega a pagar semanalmente por tener un negocio, por instalar en una esquina un puesto de tamales, por tocar la guitarra en el transporte público, por protección y por evitarse problemas. Incluso se ha llegado a pagar… por vivir en casa. Grandes ...

En nuestro país se llega a pagar semanalmente por tener un negocio, por instalar en una esquina un puesto de tamales, por tocar la guitarra en el transporte público, por protección y por evitarse problemas. Incluso se ha llegado a pagar… por vivir en casa. Grandes empresarios, emprendedores y simples ciudadanos de a pie enfrentan la extorsión como si se tratara de una operación profiláctica: algo que ahorrará males mucho mayores como el secuestro o la muerte.

Según los datos más recientes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), hasta septiembre pasado las pérdidas por extorsión entre empresarios ascendían a unos 21 mil millones de pesos. Para redondear, en promedio cada día se destinan alrededor de 77 millones de pesos a la extorsión (contabilizando únicamente los casos que se denuncian). Proporciones bien guardadas, en menos de medio siglo pasamos del “no pago para que me peguen” (frase con la que el presidente López Portillo se refirió al reparto de la publicidad oficial en los medios de comunicación) al pago para que no me hagan daño.

La extorsión es un negocio muy rentable, con amplias posibilidades de impunidad. La Coparmex asegura que 70% de las extorsiones proviene de llamadas desde reclusorios, lo que nos lleva a pensar que si no se puede controlar lo que sucede entre paredes y celdas, ¿qué nos espera en las junglas del caos donde el desenfreno del mercado negro permite que se pueda adquirir un revólver a cambio de cinco u ocho mil pesos?

Regreso a las cárceles de México: el mecanismo del voto en prisión preventiva supuso un avance celebrado por propios y extraños. El derecho al voto se otorgó a las personas no sentenciadas bajo el principio de presunción de inocencia. Bien. Para inhibir la extorsión, habría que decomisar celulares y demás aparatos de los centros penitenciarios. Eventualmente, hay lugares en los que se bloquea la señal de la red, como los estadios de futbol. A estas alturas, las cárceles tienen manera de restringir ese acceso.

Afuera, en las prisiones sin paredes, durante el primer semestre de 2025 se registraron 5,887 víctimas de extorsión, un incremento de 6.9% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, los casos que no se denuncian oscilan entre 92 y 97 por ciento.

Para los pequeños y medianos comerciantes el costo resulta económico y psicológico. Se trabaja bajo amenaza, con la angustia de no cumplir con la cuota y ver disminuir a la clientela, enterada del peligro que supone consumir en un local al que le apuntan con pistolas.

Dueños de changarros han destinado recursos, inicialmente no previstos, como cámaras o vigilantes. Esto es, los bienes que podrían destinarse al crecimiento se utilizan para seguridad particular. Otros más optan por cerrar definitivamente las cortinas al ver que sus ganancias se esfuman en el cobro de piso. Lo que comienza con ilusión para sacar adelante a la familia resulta un laberinto en el que no tarda en asomarse el minotauro de la complicidad con las autoridades, omisas ante el delito y, peor, conocedoras de la gente que hace el mal. No por nada, la mayoría de los casos de extorsión permanece en silencio.

El gobierno no genera empleos, pero dota de las condiciones para que los particulares emprendan negocios. Entre aquéllas están las de seguridad y legalidad, precisamente. Rastrear las llamadas desde reclusorios y perseguir a los integrantes del crimen organizado que recolecta esos cobros ilegales no supondría mayor problema para la inteligencia policial, según expertos en la materia y los discursos oficiales. A golpe de vista, están las condiciones para pasar de la intención al cumplimiento del deber de las autoridades competentes.

En suma, la extorsión es un impuesto informal que frena la economía, margina a las pequeñas empresas y debilita la gobernabilidad. Si el país aspira a un crecimiento a cabalidad, debe eliminar este delito con acciones contundentes. Quizás antes que una Ley General contra la Extorsión, como sugiere la Coparmex, habría que poner en cintura a los internos en los reclusorios.

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