Qué bueno que haya una disminución de la incidencia delictiva en la CDMX, de acuerdo con cifras oficiales. Qué malo que la jefa de Gobierno sugiera abrir un diálogo con medios, especialistas y sociedad civil sobre la función social del periodismo y la ética informativa. Qué feo que una altísima funcionaria de la 4T aclarara, sin que nadie se lo pidiera, que en la capital del país no hay “pactos de silencio ni censura”, sino un “diálogo abierto”, lo que sea que esto último signifique.
Hace menos de un mes la policía hizo una persecución de película por las calles de la Cuauhtémoc, tras la cual se detuvo a una banda de extorsionadores. Hasta donde he podido verificar, por unanimidad los medios de comunicación ofrecieron detalle de lo sucedido, pero también destacaron la labor de la Secretaría de Seguridad. En cambio, no se han aclarado los motivos del cobarde asesinato de dos colaboradores cercanos de Brugada, un ataque directo a temprana hora sobre calzada de Tlalpan, en mayo pasado.
Puede que las autoridades competentes actúen hoy mejor que ayer contra la delincuencia, pero los dos casos referidos líneas arriba son hechos periodísticos, es decir, se trata de información que lectores y audiencias tienen derecho a conocer y a las que diariamente se suman, por desgracia, novedades que, en efecto, tienen su lugar en la nota roja. Extraña petición de alguien que se curtió en Iztapalapa. Tropezón de una mujer con experiencia política que arruinó su propia presentación.
En todo caso, hay suficientes espacios, universitarios y profesionales, en los que se debate sobre los alcances éticos del periodismo, el bueno, el malo y el feo. “Prohibido prohibir”, ha proclamado en más de una ocasión la presidenta Claudia Sheinbaum, no obstante las majaderías de comunicadores críticos del régimen, pero también de los afines, con buenas ganancias en su talacha oficialista.
En todo caso, dado que en toda administración el tiempo apremia, máxime en una megaurbe con todos los problemas del mundo, los capitalinos están muy lejos de exigir conversaciones extemporáneas sobre el actuar de tal o cual gremio. Lo deseable es que los actos de autoridad sean palpables.
Hace poco más de 25 años, un precandidato a la Presidencia señaló que enviaría a la fuerza pública a disolver manifestaciones que cerraran la circulación vial, refiriéndose, de manera retórica, al entonces Distrito Federal. Visto de esa manera, ha sido un acierto la estrategia de mermar el monopolio de la violencia a los grupos criminales para que el Estado, precisamente, sea la única entidad en ejercerlo. A final de cuentas, proteger la integridad, los derechos, las libertades y el patrimonio de los ciudadanos es una obligación de los gobernantes.
Es demasiada la tentación por controlar el flujo de información. Sin embargo, se ostenta un cargo gracias al voto popular, sin necesidad de pactos ni alianzas sobre lo que ocurre, lo bueno, lo malo y lo feo, en cualquier ámbito.
CAJA NEGRA
Y en más sobre libertad de expresión, el recorte masivo en The Washington Post es una noticia empresarial. El diario que ayudó a derribar a un presidente hoy ajusta nóminas para sobrevivir en un ecosistema que castiga el periodismo de largo aliento. La paradoja es una cachetada para los que nos formamos en las viejas redacciones de la pre internet: nunca hubo tanta demanda de información y nunca fue tan difícil financiarla. Aunque hay un claro agotamiento del llamado “modelo digital”, corren días en los que se premia el ruido, no la verificación. El contexto, por no hablar de forma y fondo, se ve como un agente extraño ante la velocidad impreparada. En ese juego, incluso una marca legendaria compite en desventaja. Cuando el periodismo se vuelve frágil, la democracia paga la cuenta.