Irresponsabilidad presupuestal

A lo largo de los últimos años el gobierno federal ha venido teniendo muy importantes avances en materia presupuestal, no únicamente se han hecho más profundas, sino más diversas las fuentes de ingresos del erario, sino que el gasto cada día es más eficaz y transparente.

Las finanzas públicas han dejado de ser dependientes de los ingresos petroleros, puesto que el Servicio de Administración Tributaria ha desarrollado grandes avances en el uso de la información para asegurar que cada vez más contribuyentes cumplan debidamente con sus obligaciones.

Sin embargo, estos avances no se han registrado con la misma profundidad a nivel estatal ni municipal. Si bien es cierto que algunas entidades, desgraciadamente las menos, avanzan en el sentido correcto, la realidad es que la inmensa mayoría viven de las participaciones federales.

Los esfuerzos para cobrar impuestos estatales o municipales son ridículos. Quizá, una de las muestras más graves de estas fallas es que el municipio de Acapulco sólo cobra 600 millones de pesos de impuesto predial, a pesar de tener una de las zonas hoteleras y de viviendas vacacionales más importantes del país.

DEFORMIDADES

Esta abulia recaudatoria que deriva en dependencia de papá gobierno genera distorsiones verdaderamente graves.  La disputa que tiene Javier Corral por 700 millones de pesos que, según el gobernador de Chihuahua le tienen retenidos como venganza política, es icónica en cuanto a las fallas presupuestales de los gobiernos estatales.

Es necesario hacer algunas puntualizaciones para no caer en la confusión que, con intención netamente político-electoral, ha hecho el gobernador de Chihuahua.

Primero. La investigación por presunto desvío de recursos es la primera jugada. El gobierno de la entidad no únicamente está en la obligación de luchar en contra de la corrupción, sino debe hacerlo con total apego a la ley, sin incurrir en actos de tortura y evitando las acusaciones frívolas ante la opinión pública.

Hacer acusaciones sin el soporte de pruebas buscando una ventaja ulterior, como fortalecer las aspiraciones presupuestales de Ricardo Anaya, es tan irresponsable como no combatir la corrupción. De hecho, en sí mismo se trata de un acto de corrupción.

MALA ADMINISTRACIÓN

Segundo. La necesidad de solicitar 700 millones de pesos para cumplir con los pagos del fin de año y los aguinaldos de los trabajadores al servicio de la entidad, es una muestra del mal manejo de las finanzas estatales.

Es necesario ser muy esquemáticos para entender el problema. Es más o menos común que las entidades federativas se queden sin recursos para cubrir con gastos que conocen desde el principio de año como son los pagos frecuentes y los salarios de sus trabajadores. Esto es equivalente a que usted no le alcance la quincena para cubrir el pago de la mensualidad de la casa y el servicio doméstico. 

La práctica común, que debería desaparecer, es que gobernadores casi siempre acompañados de legisladores se presentan a hacer fila ante la Secretaría de Hacienda para solicitar, mediante un convenio, que se les den recursos extraordinarios pagaderos con los recursos del siguiente año. Es decir, es como pedir un adelanto de nómina. Para recibirlos suelen amenazar con el trabajo legislativo de sus bancadas.

En el caso de Chihuahua, resulta que la entidad recibió el año pasado cuatro mil millones de pesos más que en 2016. Peor aún, mil millones de pesos más de lo que se tenía presupuestado. La administración de Corral tuvo más dinero, pero de cualquier manera se quedó sin recursos que cualquier administrador mediocre debería tener reservados.

En un acto de transparencia sería bueno que el gobierno de Chihuahua explicara cómo le hizo para tener más dinero y que ni así le alcanzara para cumplir con obligaciones comunes.

PEDIGUEÑOS

Según la acusación de Corral los recursos que habrían sido desviados provienen, precisamente, de un convenio entre el gobierno de la entidad con la Secretaría de Hacienda. Justamente por tratarse de dinero que no está en la ley, sino que viene de un acuerdo, no tiene los estándares de fiscalización correctos.

Si el gobierno de Corral realmente estuviera tan comprometido con la transparencia no pediría estos convenios que, según él, fácilmente, se pueden desviar para campañas políticas. En segundo término, cumpliría con sus obligaciones presupuestales sin andar pidiendo prestado.

Ante las versiones que hablan de incumplimiento de la ley por parte de la dependencia que encabeza José Antonio González Anaya bastaría señalar que la ministración de estos recursos no está en la ley, se trata de una práctica poco transparente y que solapa la ineficiencia de los gobiernos estatales que debería desaparecer no únicamente en el caso de Chihuahua.

El que Hacienda no entregue los recursos al gobierno de Corral debe ser visto como un acto de congruencia en el combate a la opacidad que, según la acusación del propio gobernador, se presta para corrupción.