No más indiferencia ante el aumento de la pobreza y el desempleo

En diversos foros, organizaciones sociales, partidos políticos y ciudadanos se han pronunciado a favor del Ingreso Básico Universal, sin una respuesta.

De la misma manera, empresarios de micro y medianas empresas se han manifestado solicitando estímulos fiscales para la inversión y así evitar la quiebra. Las cámaras empresariales han buscado apoyos para no despedir a más trabajadores.

Actualmente se discute la viabilidad de regular el outsourcing o subcontratación, entre empresarios, gobierno federal y legisladores, quienes están conscientes del riesgo que implica para 4.5 millones de personas contratados bajo esta modalidad hacer un cambio radical en esta materia, en plena crisis económica.

Sobre este tema hay distintas posiciones: mientras el gobierno federal quiere erradicar las malas prácticas como la evasión fiscal y la violación a los derechos laborales, los empresarios afirman que se trata de endurecer las reglas del mercado laboral, lo que traería una mayor informalidad, un freno a la inversión y más desempleo.

La última palabra en este debate la tendrá la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, que, todo parece indicar, subirán la propuesta para aprobarla en esta semana, con la oposición en contra.

Y mientras todos se ponen de acuerdo, los únicos que corren el riesgo de perder su empleo son los trabajadores contratados bajo esta modalidad que carecen de seguridad laboral, sin contar el aumento desmesurado de personas que viven en la informalidad.

De acuerdo con el Inegi, la ocupación informal ascendió a 29.7 millones de personas en octubre de este año, cifra superior a la registrada en septiembre pasado, que sumaba 28 millones de trabajadores informales.

La pandemia ya supera números inconcebibles y estamos ante la puerta de llegar al semáforo rojo no sólo en la Ciudad de México, sino en varios estados del país; estamos hablando de más de 105 mil  muertes, más de un millón 100 de contagiados y una ocupación de camas en hospitales que empiezan a ser insuficientes ante la demanda.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en su diagnóstico que presentó hace unos días, destacó que el porcentaje de personas que tienen un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria aumentó de 35.7% a 44.5%, entre el primero y tercer trimestre de este año.

De este modo, la pobreza, la pérdida de empleos, los bajos ingresos y el repunte en el costo de la canasta básica son algunos de los efectos que ha provocado la pandemia.

Desde hace meses me he sumado a la propuesta de un Ingreso Básico Universal y mayores apoyos para desempleados, negocios, micro y pequeñas empresas. Es urgente que tanto autoridades y legisladores sean realistas y entiendan que las familias mexicanas enfrentan una complicada situación económica.

Ya no busquemos pretextos, los programas sociales son insuficientes para enfrentar esta crisis económica y cada vez se registran mayores niveles de pobreza, desempleo y disminución de los ingresos de los trabajadores. No podemos ser indiferentes a esta situación ni podemos seguir permitiendo que aumente la informalidad como única salida para salir de la crisis sanitaria y económica que vivimos. Hay que repensar la estrategia económica.