Los principios de la educación mexicana

En toda lucha política se plantean principios mas se defienden intereses. Con frecuencia, la parte doctrinaria se subordina a los haberes de los actores principales en el gobierno de la educación.

El artículo 3º constitucional condensa tres tipos de principios filosóficos: 1) los que se refieren a la organización política y jurídica; 2) los que elevan los valores y derechos fundamentales de las personas y, 3), un principio doctrinario bastión del Estado secular: educación laica. La noción de mérito brota como un nuevo principio.

Primero, el artículo 3º establece que la educación que imparta el Estado será democrática “considerando a la democracia no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. Postulado loable que los intereses cotidianos de burócratas, líderes sindicales, docentes, padres de familia y todos los actores políticos convierte en un afán inalcanzable. Mas el principio es recio, induce a pensar alternativas y bregar por ese tipo de educación.

Segundo, el mismo artículo de la Constitución refrenda que uno de los fines de la educación es infundir en los educandos el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, así como la libertad de creencias. Valores que se supone la educación deberá impulsar en congruencia con los afanes de la democracia. Mas, de nuevo, intereses particulares hacen nugatorios esos principios. Como lo ha demostrado en abundancia la investigación educativa, la educación pública (y la privada también), en lugar de impulsar los derechos humanos por medio de la experiencia democrática, las escuelas viven una estructura jerárquica, burocrática y rutinaria. Los valores de justicia y libertad, si acaso, forman parte de la retórica, no de la práctica.

En tercer lugar, en su parte doctrinaria, la Constitución establece que la educación que imparta el Estado será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Principio que se ha sostenido a pesar de múltiples embates en su contra. No obstante, la importancia de los conceptos de laicismo y laicidad permanecen ajenos a los debates sobre la reforma actual; se dan por sentados y compartidos. No estaría mal que se decantara que la educación laica no implica que se deba ser antirreligiosa, pero sí que la escuela no es donde se debe enseñar religión.

Entre de los vicios del corporativismo sindical se encuentran las relaciones clientelares que se establecieron desde que se expidió el Reglamento de las condiciones generales de los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, en 1946. Ese pacto instituyó el control del SNTE sobre los puestos de trabajo y todo lo que se asocie a ellos: del ingreso a la administración de las jubilaciones, de la gerencia de las relaciones laborales a la asignación de tareas específicas y, lo más importante, el control vertical de los trabajadores. Todo ello generó una cultura patrimonialista y clientelar que persiste a pesar de los avances de la democracia en otros terrenos. Los intereses corporativos degradaron el concepto de mérito a “hacer méritos” sindicales.

Uno de los puntos implícitos de la reforma constitucional y la Ley General de Servicio Docente, que reglamentará la parte nueva de la fracción III del artículo 3º, es que el Estado trata de elevar el mérito a principio básico de la educación mexicana, aunque la palabra no aparezca en el texto constitucional. Si esa ley sigue el espíritu de la reforma implicará la derogación del Reglamento de las condiciones de trabajo. Lo mismo significan las tareas que la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación le asigna como un órgano constitucional con autonomía. Tal vez estas reformas y adiciones a la Constitución sí acarreen en su seno la semilla de cambios institucionales en el gobierno de la educación básica.

Sin embargo, los intereses de la dirigencia del SNTE, que monopoliza la representación de los trabajadores de la educación, tienden a mediatizar las reformas. Sospecho que el gobierno, en lugar de intentar desmantelar el poder del sindicato, trata de fortalecerlo. ¡Error!

                *Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana

                Carlos.Ornelas10@gmail.com