El reto del Estado de México

Falta prácticamente un mes para la elección en el Estado de México, el estado más poblado del país, con poco más de 17 millones de habitantes, el que tiene el presupuesto de gasto anual más grande con 260 mil millones de pesos, el que representa uno de los mayores retos de urbanidad y movilidad en el mundo: estimaciones indican que diariamente se trasladan 1.7 millones de residentes del estado a la Ciudad de México, perdiendo hasta dos horas en traslados.

El estado cuenta con una población de cuatro millones de trabajadores en la informalidad, el 57% de la población ocupada. De ellos, 1.5 millones son mayores de 45 años de edad, lo que complica más la etapa de su retiro; 1.6 millones apenas terminaron la secundaria, otro millón de personas apenas terminó la primaria y 540 mil personas ni eso.

La informalidad significa no tener servicio médico del IMSS y no contar con una pensión; significa no tener acceso a créditos bancarios y no tener ahorro para una vivienda. También es no tener acceso a guardería gratuita para los hijos y negarte la liquidación en caso de despido.

Ser informal tiene doble impacto, afecta la calidad de vida familiar y a la sociedad. Esto se convierte en causa de otros males como delincuencia, marginación, discriminación, desigualdad, violencia en el hogar, deserción escolar; males que provocan un mayor gasto público, porque el gobierno destina recursos a esos rubros y a esas personas por su extrema vulnerabilidad. Además, la población apenas alcanza un grado escolar promedio de tercero de secundaria, ello es un factor de baja productividad en las empresas y en la remuneración de los trabajadores; de hecho, el 70% de los trabajadores tiene un salario menor a los siete mil 200 pesos al mes.

Estas condiciones son suficientes para detener cualquier progreso y bienestar social. Por eso, y por otras razones, es muy relevante conocer las propuestas de los candidatos.

En materia social, proponen entregar recursos a la sociedad, simplemente por ser adulto mayor o ama de casa, incrementar comedores comunitarios o regalar despensas a más familias.

En materia de seguridad, casi todos proponen incrementar las cámaras de vigilancia, dispositivos de alerta o pánico; mejorar salarios de los policías y construir centros de control, comando y comunicación.

En materia de corrupción, proponen usar nuevas tecnologías y emprender una lucha contra la corrupción sin precedentes.

Aquí van tres propuestas que atacan causas y no sólo los síntomas, éstas cambiarían los indicadores de formalidad, empleo, productividad, inseguridad e impulsarían un gobierno transparente.

Propuesta de empleo formal, en dos líneas de acción: la primera, dotar de estímulos decrecientes a empresas para la generación de 100 mil nuevos empleos formales en los tres primeros años, el estímulo podría ser equivalente al valor de las aportaciones de seguridad social; segunda, incrementar las capacidades productivas de los trabajadores, mediante un programa de capacitación con base en las necesidades de las empresas y el apoyo de las universidades.

Propuesta de combate a la inseguridad: recomponer el tejido social en lugares de alta marginación, destinando parte del presupuesto de los programas sociales a un incentivo mensual con cobertura de salud (pre-empleo) para personas que decidan mejorar su preparación académica, laboral y cultural, convirtiendo su ocio en asistencia a centros de capacitación, deportivos o culturales.

Propuesta de combate a la corrupción: comprometiéndose a no reservar como confidencial un solo expediente en las contrataciones de servicios y obras públicas en los seis años; a publicar las cuentas por pagar a los proveedores de gobierno; a publicar estados financieros y actas constitutivas de las empresas que participen en los procedimientos de licitación pública mayores a 20 millones de pesos.

Créalo, estas propuestas y algunas otras podrían cambiar rápidamente los indicadores negativos en el estado, y no, no salen tan caras como regalar dinero.