El amparo de la corrupción

La diferencia del grado de corrupción entre los países no es la cantidad de recursos públicos por administrar, tampoco la pobreza, ni siquiera el número de corruptos en el poder. La diferencia la hace la eficacia de los mecanismos para sancionarla, la diferencia es el grado de impunidad en el que actúa el corrupto.

La corrupción es un síntoma, es la consecuencia de la debilidad institucional y del sistema de justicia. La idea de corromperse es una condición para lograr inmerecidamente algo. La corrupción inicia cuando el funcionario trastorna la institucionalidad aceptando un cargo para el que no está preparado.

En México existen mecanismos jurídicos, incluso más avanzados que en sociedades menos corruptas, pero no se aplican, por tanto, no son eficaces. El corrupto sabe que un acto de corrupción es una infracción al orden jurídico, pero no teme cometerlo porque sabe que no habrá sanción.

El corrupto sabe que si llega a ser descubierto, existen mecanismos que le ayudan a evitar la sanción, el primero, el amparo no legal, ese que nace de la complicidad. El corrupto, al saberse parte de un sistema corrupto, cree firmemente que no será sancionado, lo garantiza el amigo o compadre político, el partido que lo tutela o el sistema que lo salva.

Si la sociedad reclamara y anulara el primer amparo, le queda el segundo, el amparo legal. Esa figura que utilizan más los poderosos, los ladrones y los corruptos, la utilizan menos los ciudadanos. El amparo se ha pervertido, su razón es proteger los derechos de los habitantes ante los excesos de la autoridad, sin embargo, la figura ha protegido más a los infractores que a los ciudadanos.

El sistema de justicia y de sanción es insuficiente, no es expedito, no es justo. Los jueces niegan la justicia por el simple hecho de que no se acreditó el debido proceso. Vale más el debido proceso en la impartición de justicia, que sancionar el daño o perjuicio ocasionado, es pues una farsa.

Ante la falta del debido proceso, un delincuente puede quedar sin sanción. Ejemplos hay muchos, jueces amparan a contrabandistas de autos chocolate, a exgobernadores, a secuestradores, a narcotraficantes y a defraudadores fiscales.

En otros países, el sistema es eficaz, el corrupto piensa dos veces cometer un acto de corrupción. Aquí no se piensa, la corrupción se comete muchas veces, es un símbolo de astucia. En otros países, el corrupto, al ser descubierto, pierde el empleo, el cargo y representa una vergüenza familiar, aquí el corrupto se aferra al cargo, defiende el acto de corrupción atacando al denunciante y no sólo la familia se une como escudo ante el hecho, también los amigos y el partido sale a la defensa.

Por otro lado, las instituciones están demeritadas, en ellas son más influyentes los hombres que las propias instituciones. La asignación de los titulares al frente de una institución, salvo contadas excepciones, es resultado del amiguismo o de las cuotas de poder, no se utilizan criterios institucionales, sino el de una agencia de colocación.

Los funcionarios públicos creen que merecen esos cargos sólo por formar parte de un partido o grupo político, se ufanan de su amor por México, de ser parte del sistema, ese al que dicen ser leales, y con ello creen que es suficiente requisito para merecer el cargo como remuneración de su lealtad, al mismo tiempo que excluyen a quien piensa diferente. Esos funcionarios no tienen capacidad de autocrítica, aun conociendo los actos de corrupción, callan. Callar también es una forma de corrupción.

Ganar la batalla contra la corrupción sólo cambiando a los políticos no será posible. Vendrán otros y serán más sofisticados. Así ha sucedido. Cambiando a un orden jurídico que sancione de manera sumaria sí cambiará el grado de corrupción. Ahí está el desafío, sólo que quienes deben asumir esta responsabilidad son los menos interesados, son amantes de la lógica dual, esa que con maestría permite manejar dos ideas contradictorias a la vez, por un lado combatir la corrupción y por otro lado cometerla.