#3de3: las puertas de par en par

Una democracia sin ciudadanía es como un pueblo fantasma. Un espacio vacío, sin vida, dominado por los espíritus del pasado o, en algunos casos, sometido a la voluntad sin límites de quienes se adueñan de su destino sin encontrar resistencia. La democracia es una construcción ciudadana, un lugar poblado, una plaza pública donde el poder y la sociedad forman una simbiosis indisoluble, cuyas vidas se retroalimentan y acompañan porque no pueden subsistir separadas, sin una relación estrecha y dinámica. El gran desafío de una democracia joven, como la nuestra, radica precisamente en la capacidad de construir ciudadanía: hombres y mujeres en pleno ejercicio de sus derechos y libertades, a la vez autónomos y responsables, críticos y participativos, integrantes activos de su comunidad, tanto en los grandes temas de la agenda del país como en los asuntos que más afectan su vida cotidiana.

En las últimas dos décadas avanzamos mucho en el terreno de la democracia electoral, a través de normas, instituciones y procesos que han permitido la celebración de elecciones competidas y, con ellas, el despliegue de la pluralidad y la práctica de la alternancia. Esto permitió, a su vez, legitimar la integración de los poderes públicos. Sin embargo, hemos avanzado muy poco en la democratización de su ejercicio, lo que significa legalidad, racionalidad, transparencia y rendición de cuentas. Esta debilidad esencial produce un círculo vicioso que, además de cerrar los canales entre la sociedad y el poder, contamina cada día más los procesos electorales —donde más habíamos avanzado— a través de las desviaciones de gobiernos, partidos y candidatos en contiendas marcadas por graves violaciones a la ley, poniendo en riesgo toda la construcción democrática.

La vía para superar estas debilidades estructurales pasa necesariamente por la democratización del ejercicio del poder, lo cual implica generar las condiciones para la formación de ciudadanía. El Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, elaborado por el IFE (ahora INE) y El Colegio de México, en 2014, como otros estudios sobre cultura democrática y legalidad, muestra con claridad la raíz del problema: la gran mayoría de los mexicanos considera que las leyes y las instituciones son instrumentos al servicio de los intereses particulares de quienes tienen el poder político o económico para usarlas en su beneficio. En el centro de estas percepciones están la corrupción y la impunidad, empezando por las altas esferas del poder político y empresarial. No les falta razón.

De allí la enorme importancia de la iniciativa ciudadana encabezada por el Instituto Mexicano para la Competitividad y la Fundación Espinosa Yglesias, con el fin de hacer obligatoria la denominada declaración #3de3, ya impulsada como un llamado a los candidatos, aunque sin fuerza legal, en el proceso electoral de junio pasado. Con esta reforma se busca que todos los funcionarios estén obligados a hacer públicas tres declaraciones: patrimonial, fiscal y de posibles conflictos de interés en el desempeño de su cargo; con una adición muy importante: imponer deberes de transparencia también a las empresas que prestan servicios o venden bienes a instituciones públicas. Ante la exigencia de contribuir en todos los frentes a la construcción y al desarrollo de ciudadanía para dar sustento y viabilidad a la vida democrática, tanto el gobierno como los partidos políticos y sus legisladores tienen el deber de facilitar y atender esta iniciativa, cuya concepción y promoción expresan un ejercicio legítimo y pertinente de responsabilidad y participación. Cuando los ciudadanos tocan de esta forma las puertas del poder, éstas deben abrirse de par en par.