Municipios al servicio de la sociedad

Si bien los problemas en materia de seguridad pública atañen a todos los órdenes de gobierno, lo cierto es que las policías municipales son el eslabón más débil de la cadena. Las recomendaciones de algunos expertos subrayan la importancia de fortalecer a los cuerpos policiales de los municipios y rechazan su desaparición, en virtud de su cercanía con la población. Serían recomendaciones válidas en condiciones de normalidad, pero en una situación de excepción como la que enfrentamos carecen de pertinencia, en la medida en que suponen procesos complejos y lentos para lograr sus objetivos: formación de capital humano, mejora de sueldos y prestaciones, equipamiento adecuado y creación de sistemas efectivos de evaluación y control. Es un ideal encomiable que, sin duda, merece el reconocimiento de la buena voluntad de sus defensores. Sin embargo, su realización llevaría años, pues no sólo implica un cambio estructural de las policías municipales, sino de todo el entramado institucional de los municipios, en la mayoría de los casos con acentuadas debilidades e incapacidades institucionales.

Las funciones que la Constitución atribuye a los municipios van desde la prestación de servicios y la dotación de infraestructuras —alumbrado, basura, alcantarillado-, hasta la seguridad pública, pasando por facultades muy importantes en materia de desarrollo urbano, usos de suelo y establecimientos mercantiles, entre otras. Un paquete pesado de responsabilidades decisivas para la calidad de vida de la población que choca con la realidad. Basta asomarse —ya no digo presentarse a hacer un trámite— a las oficinas de cualquier municipio pequeño o mediano para constatar que ni siquiera para el desempeño de sus funciones básicas cuentan con los recursos humanos, los procesos administrativos y los sistemas de control necesarios para garantizar una gestión eficiente y transparente.

El reto de promover una mayor participación ciudadana en esa esfera de gobierno, modernizar sus procesos y establecer o mejorar los mecanismos e instrumentos de evaluación y control sobre su desempeño, constituye una exigencia vital para la vida democrática, el bienestar social y el desarrollo económico del país. El carácter estratégico de esta exigencia es evidente: sin solvencia institucional en los municipios, la base de todo el modelo constitucional para el ejercicio del poder y las funciones públicas seguirá siendo endeble. Es, pues, una prioridad estructural que, como todo proceso de cambio profundo, ante carencias y deformaciones tan arraigadas, llevará mucho tiempo. La cuestión, en efecto, es muy clara: ¿qué hacer mientras tanto con más de mil 800 policías municipales mal capacitadas, mal pagadas y mal equipadas, bajo el mando de precarias estructuras institucionales, para hacer frente a bandas delincuenciales bien organizadas, bien remuneradas y bien armadas? La respuesta también es muy clara: mantenerlas significa abandonar a su suerte, durante años, a la población y las autoridades municipales que, como en el caso de Temixco, deciden hacer frente a la amenaza de los grupos criminales.

La supresión de las policías municipales, la integración de 32 policías estatales coordinadas con las fuerzas federales, el fortalecimiento de las capacidades de los municipios en materia de servicios e infraestructuras y la atribución de mayores facultades a los ayuntamientos en tareas de prevención ciudadana y reconstrucción del tejido social, delinean una ruta consistente y viable para alcanzar el doble propósito de incrementar la eficacia del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de cimentar o reforzar la institucionalidad democrática y la capacidad de gestión de ayuntamientos al servicio de la sociedad, no de los narcos.