La vulnerabilidad municipal

Un crimen escalofriante. Una brutal demostración de poder. Un acto de terror contra la ciudadanía y la política. Una amenaza cumplida. Un  desafío más a las instituciones. El despiadado asesinato de Gisela Mota, presidenta municipal de Temixco, Morelos, al día siguiente de su toma de protesta, en su casa, ante su familia, no sólo nos enfrenta nuevamente al horror de la barbarie de las bandas de narcotraficantes, sino también a la exigencia de discutir y analizar sin rodeos el modelo de organización de la seguridad pública y las capacidades de muchos de los ayuntamientos del país para cumplir con sus atribuciones en esta materia.

La realidad muestra condiciones de vulnerabilidad extrema, tanto en los casos donde las autoridades y las policías municipales se convierten en cómplices de los delincuentes o los dejan actuar libremente, como en aquéllos donde tratan de impedir su dominio. La infiltración de gobiernos y corporaciones policiales débiles y corruptos —como ocurrió en Iguala y Cocula, Guerrero, sólo por citar las referencias más recientes, visibles y dolorosas—, y los atentados que, en los últimos diez años, han costado la vida a casi cien presidentes municipales, muestran que dicho orden de gobierno está absolutamente expuesto a la fuerza corruptora y violenta del narco. Plata o plomo, complicidad o confrontación, pasividad o acción frente al crimen organizado, no son disyuntivas retóricas; por el contrario, implican dilemas vitales, cuyas  consecuencias son abominables, sea cual sea la elección. Los narcos están dispuestos a hacer cualquier cosa para ejercer control territorial e impedir que su negocio enfrente obstáculos o competencia; y tienen el poder necesario, sobre todo para romper el eslabón más débil de la cadena de la seguridad pública: los municipios.    

Hace un par de meses, a propósito de la detención de Erick Ramírez, nuevo presidente municipal de Cocula, en compañía del líder de Guerreros Unidos —la banda criminal que, con el apoyo de las autoridades y la policía de Iguala, secuestró y asesinó a los 43 normalistas de Ayotzinapa—, formulé en este espacio una reflexión sobre los gobiernos de los municipios pequeños y medianos de las entidades federativas que, por diferentes causas, presentan los más acentuados problemas de debilidad institucional. Decía entonces, y lo reitero ahora, que bajo las condiciones y las deformaciones producidas por el narcotráfico, el ideal democrático del ayuntamiento como el espacio del poder público más cercano a la sociedad y más abierto a la participación ciudadana, no sólo aparece como una institución muy vulnerable, sino que, en muchos casos, carece de viabilidad, especialmente en materia de seguridad. Se trata, en otros términos, de una atribución de imposible cumplimiento y, en efecto, resulta indispensable, como lo ha planteado el gobierno de la República, realizar reformas legislativas y desarrollar políticas públicas para la integración nacional y local de los cuerpos policiales, con la capacitación y los equipos necesarios para hacer frente al enorme poder de organizaciones criminales con recursos tan cuantiosos y, como está demostrado, ningún escrúpulo.

Por ello estoy convencido de la necesidad de suprimir las policías municipales, lo que supone trascender el esquema del Mando Único estatal —sin duda pertinente, pero a la vez insuficiente ante la dimensión del desafío de los cárteles de las drogas—, sin ignorar la exigencia de avanzar en el debate sobre una nueva regulación del mercado de las drogas que, con otra visión y estrategias complementarias, permita encarar con mayor eficacia y profundidad este devastador problema.