La flamante Ciudad de México

La Reforma del Distrito Federal es un ejemplo perfecto de impertinencia política y legislativa: no responde a una demanda ciudadana, no atiende los problemas de la ciudad, no ofrece un mejor modelo para la gestión gubernamental y no refleja los intereses de la sociedad.

El justo reclamo democrático de los capitalinos en el pasado, carentes del derecho de elegir a sus autoridades, fue resuelto con las sucesivas reformas que, sobre todo a partir de 1997, abrieron paso a la integración de órganos de gobierno y legislativos fundados en la legitimidad del voto, prácticamente en los mismos términos y con atribuciones equiparables a los estados de la República. Formar una aparatosa asamblea constituyente bajo las condiciones establecidas y, más tarde, elegir concejales para el gobierno colegiado de las nuevas demarcaciones territoriales, no es una aportación significativa desde la perspectiva de los derechos ciudadanos, pues no serán más que nuevos cargos para los partidos. Lejos de aportar, la reforma complicará aún más la gestión de los asuntos públicos, porque la creación de una singular especie de alcaldías, en lugar de las actuales jefaturas delegacionales, entre otros efectos negativos, hará más onerosa y difícil la necesaria coordinación política y administrativa para un ejercicio gubernamental eficiente.

Las bases constitucionales ahora modificadas no impidieron que, durante la última década, en muchos temas clave de la agenda ciudadana, sobre todo en materia de derechos y libertades, el Distrito Federal se situará a la vanguardia del país, como referente nacional para cambios sustanciales en favor de la pluralidad política y la diversidad social y cultural. ¿Cuál era entonces, desde la perspectiva de las libertades y los derechos ciudadanos, la necesidad de la reforma?

Los grandes problemas de la Ciudad de México radican en los rezagos, las carencias y las deformaciones en materia de marginación y ruptura del tejido social; infraestructura urbana y servicios públicos; ordenamiento territorial y usos de suelo; movilidad y transporte; e inseguridad y corrupción, por citar los más relevantes. ¿De qué servirá tener una constitución propia y alcaldías con concejales para la atención y solución de estos problemas? La reforma es irrelevante porque no significará la evolución hacia un nuevo modelo de gobierno o hacia un nuevo paradigma en la relación entre el poder público y la sociedad, en la medida en que no implicará cambios de fondo en la integración y en el ejercicio de gobierno. Por ello, la celebración de la reforma no es más que una forma de autocomplacencia de los actores políticos convencionales.

Los problemas de la ciudad, al igual que sus magníficos atributos, están en otra parte, muy lejana a la reforma. Que el Distrito Federal, por ejemplo, sea el centro cultural, académico e intelectual de todos los mexicanos es un motivo de orgullo que, sin embargo, contrasta con la calificación ciudadana de esta entidad como la más corrupta del país, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Inegi). ¿Son necesarias una reforma constitucional y la expedición de una constitución local para fortalecer y ampliar las capacidades creativas y científicas de la capital de la República o, en el otro extremo, para poner límites a las prácticas masivas y cotidianas de extorsión y corrupción? ¿Servirán de algo las figuras de las alcaldías y los concejales para mejorar las infraestructuras, los servicios públicos, la movilidad y la seguridad, cuando seguramente serán actores de los mismos partidos que hoy integran los órganos de gobierno y la Asamblea Legislativa? Cuesta mucho trabajo encontrar una respuesta positiva en la criatura legislativa: la flamante Ciudad de México.