Partidos sometidos a la ley

Mientras la gran mayoría de los ciudadanos expresa su abierto rechazo a los partidos; mientras las instituciones democráticas sufren la peor crisis de credibilidad de nuestra breve experiencia de pluralidad y alternancia; mientras la gente espera respuestas y soluciones a sus demandas más sensibles en muy distintos frentes, los actores políticos parecen obstinados en ensanchar aún más el abismo que los separa de la sociedad y, por lo visto, no se inmutan ante el proceso de degradación de la democracia, que amenaza con destruir el camino andado en dos décadas de transición. Discusiones huecas, confrontaciones estériles e insultos, como en los últimos días, minan cada día más la legitimidad de la representación política.

En las elecciones de junio pasado, tanto en la renovación de la Cámara de Diputados como en las gubernaturas en juego, la ciudadanía refrendó su compromiso con la vía democrática y, a través de ella, reconoció y sancionó buenas y malas gestiones. Pero lo más significativo de la votación fue el claro mensaje de hartazgo hacia la clase política, visible en distintos fenómenos, sobre todo en la dispersión del voto y las candidaturas independientes. Fueron expresiones maduras y civilizadas de descontento. Algunas encuestas postelectorales confirmaban en julio y agosto la tendencia: la mayoría revelaba su preferencia por una opción de candidatura independiente para la elección presidencial de 2018, y ningún partido lograba superar el 30% de la votación. Estos fenómenos, sin duda, generan un contexto de mayor exigencia a los partidos y, en principio, deberían servir para incentivar cambios en éstos —cosa que no está ocurriendo. Sin embargo, la combinación de candidatos sin partido, dispersión del voto y fragmentación de la representación no es una fórmula eficaz para consolidar la democracia.

En primer lugar, porque los partidos han sido y seguirán siendo la única vía responsable y funcional para la construcción y gestión de los sistemas de gobierno representativos; las experiencias de gobernantes sin partido, en la mayoría de los casos, han acabado en ingobernabilidad o han degenerado en regímenes autoritarios. En segundo lugar, porque la dispersión del voto y la fragmentación de la representación chocan con la rigidez del sistema presidencial, generando una dinámica de obstrucción y confrontación entre los poderes ejecutivo y legislativo, en contraste con el sistema parlamentario, donde el gobierno surge necesariamente de la mayoría de un partido o de alianza mayoritaria en el Parlamento. Y si bien la inclusión de la fórmula de gobierno de coalición en nuestro ordenamiento puede ser útil para superar temporalmente una crisis producida por la fragmentación de la representación legislativa, sus alcances son limitados, pues no ofrece todos los mecanismos ni la elasticidad de un sistema parlamentario. No deja de ser, en otras palabras, una fórmula híbrida.

En todo caso, al margen de las combinaciones de formas de gobierno y reglas para la integración y el ejercicio del poder, lo cierto es que no existe ninguna democracia estable y eficaz que no tenga como soporte partidos políticos que cumplan debidamente su papel; y, para ello, el único camino es hacer que funcionen, por las buenas o por las malas. Esto significa su apego voluntario a las normas y los procesos que los rigen; o la imposición de la ley por parte de las autoridades responsables de hacerla valer. Ante la violación sistemática de las disposiciones legales y la simulación en la observancia de éstas, la suspensión o la cancelación del registro de los partidos deberán empezar a formar parte de nuestra realidad. De lo contrario, acabarán por destruir la vida democrática.