Un desafío de salud y derechos humanos

Partamos de un acuerdo básico: el modelo vigente para el control de las drogas y el combate al narcotráfico es insostenible. Los datos muestran su fracaso ante un negocio global, cuyo valor de ventas minoristas, estimado por la ONU, asciende a más de 320 mmdd, prácticamente el 1% del PIB mundial, dan cuenta del incremento en el consumo de drogas clasificadas como ilegales e ilustran el aumento de la violencia y la ruptura del tejido social e institucional en países que, como el nuestro, se han convertido en plataformas de producción y tráfico de drogas para cubrir la demanda de los mayores mercados. Estados Unidos y Europa concentran, respectivamente, el 44% y el 33 % del valor de las ventas mundiales al menudeo y, por lo tanto, grandes operaciones de lavado de dinero y transferencias de ganancias a los cárteles y las empresas ligadas a éstos en los países exportadores, sin contar las enormes utilidades que la lucha contra el narcotráfico genera a las industrias armamentísticas. El balance del prohibicionismo es rojo. Esta es la apabullante realidad y en ella hay que inscribir la discusión y la toma de decisiones en México.

La resolución de la Corte en torno a la mariguana significa reconocer la libertad constitucional de cuatro personas que, contra la prohibición legal, promovieron un amparo. Pero lo cierto es que trasciende el caso específico y adquiere otra relevancia por distintas razones. La más importante radica en que —conforme al lúcido propósito de los amparados— abre paso en forma seria y sustentada a un debate y un cambio imprescindibles, reiteradamente negados o eludidos, casi siempre a través de fórmulas retóricas carentes de datos y argumentos racionales; muchas veces mediante estigmatizaciones de orden moral que, en el mejor de los casos, expresan preocupaciones genuinas, pero infundadas, por el supuesto riesgo de incremento en las adicciones como consecuencia de la despenalización de la producción y el consumo de mariguana con fines lúdicos. La pregunta es inevitable: ¿Han disminuido o han aumentado el consumo y las adicciones en la última década bajo el modelo prohibicionista y la criminalización?

La responsabilidad de los gobiernos es prevenir y tratar el abuso en el consumo y las adicciones respecto a cualquier droga, legal e ilegal, así como garantizar el acceso de la población a los medicamentos producidos por la industria farmacéutica a partir de las drogas clasificadas como ilegales. Ninguna de estas dos exigencias ha sido atendida adecuadamente. Por el contrario, con el modelo vigente los problemas de adicción han crecido y la mayoría de la población no puede adquirir los medicamentos hechos a base de coca, mariguana u opio, necesarios para tratar distintos padecimientos o, simplemente, mitigar el dolor físico causado por alguna enfermedad.

Quienes rechazan la resolución de la Corte y, con ella, la tendencia mundial hacia la despenalización y regulación de la mariguana, bajo el argumento de proteger la salud de la población, desprecian la condición de los excluidos del mercado de medicamentos legales y, por si fuera poco, el doble riesgo de quienes la consumen con fines recreativos, sobre todo los jóvenes, que han seguido expuestos al riesgo de adicción y, además, a la violencia y la extorsión de las bandas criminales y las policías. ¿Cuesta mucho trabajo entender y asumir esta realidad como un desafío de salud y derechos humanos?